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“Si la Conabio fuera un organismo vivo, el reciente decreto gubernamental la mataría lentamente de hambre”, dice José Sarukhán, biólogo y autor de innumerables trabajos científicos, quien en 1992 fundó la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Conabio. ). Esta organización, que creó un archivo detallado de la biodiversidad de México con 46 millones de organismos validados y georreferenciados, llamó la atención de los asesores del presidente Barack Obama, quienes recomendaron su replicación en Estados Unidos. Fue creada hace treinta años con el deseo de México de proponer algo verdaderamente innovador en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, pero un decreto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca incorporar la comisión a la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente. y recursos naturales, Semarnat. El decreto ha sido enviado a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Regulación (Conamer), pero aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“Recortar los presupuestos de esta organización es algo que tiene que ver con la vida de todos, con nuestro bienestar y el de nuestros nietos. Porque la información que allí se recoge y está al alcance de todos -más de 45.000 personas visitan cada día nuestro sitio- se traduce en un proceso de toma de decisiones que gusta mucho a los territorios. Cuando tienes información real sobre la biodiversidad de un país, puedes tomar decisiones sobre cosas que afectan a una especie u otra”, explica José Sarukhán, quien renunció a su cargo en la Conabio en 2022 por diferencias con la Semarnat, quien definió a Daniel Quezada. un economista poco conocido en los círculos científicos y ambientalistas, como nuevo secretario ejecutivo de la organización.
En las últimas semanas, expertos como Sarukhán han advertido que los recortes anunciados en la Conabio ponen en riesgo un sistema de información gracias al cual, por ejemplo, se han logrado cambios en la red forestal de desarrollo sustentable para que la frontera agrícola no pueda llegar a los puntos de conservación; crear una alerta nacional para frenar la llegada de la polilla del nopal al país, o, como ocurrió en Tamaulipas, asegurar que quien destruyó un manglar debe pagar por ese daño, dado que en ese territorio había más de 20 hectáreas protegidas.
El decreto ha generado alarma en la comunidad científica nacional. Al centenar de comentarios a la propuesta se suma la carta de preocupación publicada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, que dice: “A raíz de esta modificación, resulta difícil llevar a cabo de manera efectiva trabajo intersecretarial, lo que significará una desaceleración en la capacidad del estado para abordar los desafíos ambientales y adaptarse a los vaivenes políticos, poniendo en riesgo el gran valor del capital natural de México y la toma de decisiones para el desarrollo sustentable del país. de manera informada.”
La decisión del Gobierno sobre la Conabio no se produce en el vacío. En 2019, el entonces titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, publicó una carta en el que aseguró que el organismo “atravesaba una situación anómala o excepcional dentro de la administración” y aclaró que este organismo recomienda “la inmediata transformación de la comisión intersecretarial en un organismo público descentralizado”. Además, se planeó suprimir el fideicomiso público-privado utilizado en la institución durante 27 años y que ascendía a más de 827 millones de pesos (casi 50 millones de dólares), con la justificación de que no cumplía con la política de austeridad del gobierno. Gobierno de López Obrador.
En comunicado enviado a América Futura, Semarnat afirma que esta medida tiene como objetivo “transparentar la gestión y acciones de las dependencias y organismos que integran” esta agencia y fortalecerla. “Las regulaciones que tenían más de 30 años no brindaban seguridad regulatoria. Con la modificación de la estructura orgánica, dentro del reglamento interno de la Semarnat, se garantiza el mejoramiento continuo y la modernización de la gestión pública, brindando seguridad jurídica a la Unidad de Coordinación Científica y Técnica para el Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. Esto promoverá políticas públicas sobre biodiversidad”, añade la organización. Además, asegura que el recorte presupuestario no pondrá en peligro su funcionamiento, ya que “con el presupuesto y el personal de la secretaría, la estructura se ha adaptado a los principios de racionalidad y austeridad republicana”.
Sin embargo, la medida, que parece estar en línea con los recortes presupuestales sufridos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional Forestal, también generó un fuerte rechazo de la oposición política. “Con la idea de que hay corrupción en todos lados, lejos de revisar, responsabilizar o mejorar, se decidió hacer desaparecer las instituciones que forman parte del Estado mexicano y que brindan la información necesaria para trazar políticas exitosas”, se queja el diputado. Edna Díaz Acevedo (PRD), presidenta de la Comisión de Cambio Climático del Congreso.
No es la primera vez que la política ambiental del presidente Andrés Manuel López Obrador es destacada por sus contradicciones, que por un lado destilan instituciones que, como la Conabio, eran intersecretarial, es decir, trabajaban de manera transversal con todo el desarrollo del país. agenda del país y estaban alejados de las ideologías y partidos en el poder; y, por otro lado, aumentan el monto para el Anexo 16 de los presupuestos, que tiene que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático.
“Esta contradicción no existe: si te centras punto por punto en todas las líneas en las que se divide el Anexo 16, te das cuenta de que sirve para todo menos para el medio ambiente”, reprocha sin embargo el diputado Díaz Acevedo. “Para subvenciones, refinerías, el Tren Maya, pero no se utiliza para proteger la diversidad ni mitigar el cambio climático. “Puedo entender que no les interese el medio ambiente, pero no que destruyan instituciones que no tienen nada que ver con la oposición o los grupos de poder”, afirma.
Con los datos que ha recopilado la Conabio hay, como explica José Sarukhán, mucha información que todavía se puede trabajar como un archivo, “pero si no se actualiza llega un momento en que queda obsoleto, cuando empiezas tomando decisiones a ciegas”. El otro problema que ve el académico es la pérdida de personas que han trabajado en esa organización. “Se necesitarán décadas para recuperar esa comunidad. Con esta incorporación a la Semarnat, ese capital humano que se ha formado durante años desaparece. Perder esto nos llevará en el futuro a volver a contratar a muchas personas, a volver a capacitarlas, a empezar de nuevo desde cero, mientras que la velocidad de los problemas medioambientales no hará más que acelerarse. Al contrario, lo que deberíamos hacer ahora es combinar la mejor gente que tenemos disponible, con la mejor información que se ha generado para ayudar al país a tomar decisiones”, subraya.
Ante las críticas, Semarnat pide calma: “Pueden estar tranquilos porque el trabajo de la Conabio no desaparece, se limita a fortalecer y transparentar su acción en políticas públicas en materia de biodiversidad y encaminadas al conocimiento de la diversidad biológica, su conservación y uso sustentable” . , responden en el comunicado en el que aseguran que la organización seguirá trabajando “transversalmente” con los “diferentes sectores implicados” en la conservación del medio ambiente. “La política ambiental del Gobierno de México considera fundamentales la investigación y los estudios científicos para conservar la biodiversidad en nuestro país, siempre con las personas y las comunidades en el centro de nuestro trabajo. La conservación de nuestro patrimonio biocultural es uno de nuestros objetivos prioritarios en la estrategia de desarrollo sustentable de la Semarnat”, concluye.
Son respuestas que tarde o temprano los directivos de esta secretaría tendrán que dar ante el Congreso si sale adelante una iniciativa de la diputada Edna Díaz Acevedo que quiere pedir cuentas a la Semarnat y explicar por qué se toman estas decisiones. “Con algunos miembros de la comisión que presido estamos construyendo un punto de acuerdo para instar al ejecutivo a revertir estas acciones. Además, estamos trabajando en un proyecto de ley para que se establezca legalmente que las decisiones que involucran a entidades de este alcance y profundidad no dependan de hechos o decisiones del presidente en ejercicio, o de un secretario de Estado, que haya un andamiaje que proteja, independientemente de quién llega al poder”, argumenta.
Para José Sarukhán, por su parte, la supervivencia de las instituciones que velan por la protección y conservación de los ecosistemas, las plantas y el oxígeno, que monitorean y protegen la biodiversidad -esencial para la vida en México- depende ahora sobre todo de la presión que pueda ejercer la sociedad civil. . “La única manera de defenderlos es tener una ciudadanía informada que conozca la importancia de sus instituciones. La gente debe ser más consciente y más activa, de lo contrario no habrá ningún político lo suficientemente ilustrado como para adoptar esta posición en contra de los intereses económicos”, concluye.