Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara, se pronunciaron en defensa de la independencia del Poder Judicial, ante la reforma recientemente aprobada que limita las facultades de los jueces. en materia de protección y la propuesta oficial de que los ministros sean elegidos por voto popular. Las declaraciones de Pérez Dayán y González Alcántara fueron realizadas en lugares públicos y representan una postura explícita contra las iniciativas del oficialismo, luego de un largo período de críticas y descalificaciones por parte del presidente del Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Supremo. Corte, Norma Piña.
Esta semana, el Congreso mexicano, dominado por el bloque gobernante -Morena, PVEM y PT- aprobó una reforma a la Ley de Amparo que elimina la facultad de los jueces de suspender la entrada en vigor de leyes reclamadas. El texto aprobado establece que las resoluciones de amparo se aplicarán exclusivamente a quienes promuevan el recurso, sin que éste tenga efectos generales. La enmienda busca limitar el alcance del poder judicial durante un período de seis años en el que los jueces han bloqueado numerosas iniciativas legales y proyectos de infraestructura gubernamental. La oposición ha advertido que esta reforma pondrá a prueba al Tribunal Supremo.
En el Tribunal Supremo, los ministros han comenzado a expresar sus posiciones contrarias. Pérez Dayán lo hizo este jueves en un foro realizado en Yucatán. “El pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y demás derechos que prevé nuestra ley es, sin duda, el proceso de amparo”, dijo. “Por eso es responsabilidad y deber de todos protegerlo en su integridad, para evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la Legislatura. “No puedo dejar de expresar mi preocupación, precisamente, por la aprobación de la reforma de la Ley de Amparo, conocida por todos”, dijo.
El ministro señaló que la sociedad enfrenta el desafío de diseñar una agenda global de seguridad y justicia que no ignore la actual crisis ambiental y fije metas de manera intergeneracional. “Las decisiones que tomemos hoy, las acciones que tomemos hoy y las acciones que dejemos de tomar determinarán nuestra supervivencia como especie en el planeta”, afirmó. “Y entonces vuelvo al juicio de Amparo y me pregunto: ¿la existencia de un juicio cuyo objetivo es proteger los derechos humanos realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo persiguen no pueden impedir una actividad que afecta negativamente? ? ¿Se detiene el medio ambiente? Ésta es una cuestión fundamental que nos presenta un gran dilema: la suspensión con efectos generales es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, subrayó.
El ministro González Alcántara afirmó que, si bien la reforma es modesta en su alcance, al ser legal y no constitucional, pone en juego el mantenimiento del Estado de derecho. “Se propone limitar las facultades de los jueces de tutela para otorgar la suspensión con efectos generales. El objetivo es privilegiar el interés general -es decir, el de la facción en el poder- sobre los posibles efectos sobre los derechos humanos de los ciudadanos, argumentando que los proyectos de infraestructura tienen suficiente relevancia como para dejar de lado los intereses de la población”, reflexionó.
González Alcántara, nominado a la Corte Suprema por López Obrador, de quien se distanció, hizo estas declaraciones el 16 de abril, durante un evento en la UNAM para conmemorar los 30 años de la reforma que consolidó la carrera judicial. Es en este contexto que el ministro criticó la iniciativa oficial que pretende destituir a ministros y magistrados y sustituirlos por nuevos jueces elegidos por voto popular.
“En lugar de privilegiar el mérito, la especialización y la neutralidad, mediante procedimientos rigurosos y minuciosos en los que se subrayan las competencias y aptitudes profesionales, se nos ofrece una especie de concurso de popularidad en el que se privilegia promesas grandiosas sobre fundamentos doctrinales sólidos, sobre discursos simplistas y maniqueos que son sobremedido y correctamente reflejado”, dijo. “Se nos dice que la elección popular no implica afiliación partidista, pero no está claro cómo se puede extrapolar la elección a partir de la ola de retórica que la rodea. En definitiva, se nos pide que abandonemos el avance de décadas por la incertidumbre de un experimento cuyos resultados en otras latitudes no han sido especialmente afortunados”, prosiguió.
El Ministro afirmó que los mexicanos se encuentran en una encrucijada en la que se les pide elegir entre dos opciones, en el contexto del proceso electoral que implica la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso Federal y cientos de cargos locales en los estados. . “Se nos pide que elijamos entre dos caminos: la continuidad, consolidación y mejora de nuestras instituciones, o su completa demolición y sustitución por una nueva realidad de la que no tenemos más que un contorno borroso. Reflexionemos antes de elegir, porque no somos sólo nosotros, sino también las generaciones que nos sucederán quienes vivirán las consecuencias”, indicó.
Suscríbete a la newsletter de EL PAÍS México está en canal whatsapp y recibe toda la información clave sobre la actualidad de este país.
Regístrate para continuar leyendo
Leer sin límites
_
