Edwina Vanessa Cisneros Ditch fue golpeada y amenazada hasta que firmó su declaración de culpabilidad en 2007 en la extinta Subfiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) por el presunto delito de secuestro. Le mostraron fotografías de su hija, que en ese momento tenía cuatro años, y de su familia, y le dijeron que si no firmaba, ellos sufrirían las consecuencias. Había llegado a la SIEDO pocas horas después de ser detenida en Cuemanco, al sur de la Ciudad de México, mientras viajaba en un automóvil con su entonces pareja Gabriel Moreno Hernández, y luego de ser llevada a una casa de seguridad, en la alcaldía de Tlalpan, en donde, además de golpearla, la hicieron convivir durante unas cinco horas con una persona que estaba secuestrada en ese lugar y donde, además, medios de comunicación como televisión azteca y Televisa para transmitir en vivo la supuesta captura.
No fue el primer ni el último caso lleno de ilegalidades en ese momento, entre los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, como presentar a los presuntos culpables ante las cámaras de televisión antes incluso de llevarlos a un Ministerio Público. A dos años de la detención de Edwina Cisneros —el 4 de septiembre de 2007—, el hecho que más empañaría el accionar de la justicia y de la entonces policía dirigida por Genaro García Luna, sería la Caso Cassez-Vallarta, en el que, tras golpearlos brutalmente (como también ha sucedido con Cisneros y los demás imputados), los presuntos secuestradores, entre los que se encontraban la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, fueron obligados a protagonizar una especie de programa de televisión, para demostrar que la todopoderosa Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el cuerpo policial de élite en ese momento, finalmente estaba abordando el terrible problema de la inseguridad en México.
Edwina Cisneros tenía 24 años cuando fue detenida. Una camioneta se interpuso entre ella y su entonces pareja. Varias personas armadas, vestidas de civil, bajaron del vehículo, los golpearon y gritaron que los acusaban de secuestro. Edwina era laboratorista clínica, salía con Gabriel Moreno Hernández desde hacía tres meses. Los delitos por los que fueron acusados en su momento: dos secuestros, extorsión y crimen organizado, fueron descartados en su caso, y ahora, 15 años después, solo pesa sobre ella una probable colaboración con uno de los secuestros, y ninguna resolución al respecto. determinar si es culpable o inocente. Edwina tiene hoy 39 años y, desde el penal de Santa Martha, espera recibir un derecho que le ha sido negado, como a otras decenas de miles de personas en las cárceles de México: una sentencia.
Para la abogada de Cisneros, Cristina Gamero, el proceso es una batalla legal que no le deja muchas opciones. “Más allá de probar que es inocente o culpable, porque eso le corresponde a un juez, lo que no debería estar pasando es la violación del debido proceso”, explica Gamero, quien forma parte de Firmeza y Justicia AC. En 2018 esta organización llevó el caso de Cisneros y obtuvo su absolución de los delitos de delincuencia organizada, extorsión y uno de los secuestros que le imputaban. Antes de eso, desde su arresto en 2007 y hasta 2018, Edwina tuvo abogados de oficio que no lograron obtener ningún beneficio para su defensa.
A pesar de que en los medios locales fue señalada como parte de una banda de secuestradores, liderados desde cárceles de la capital, la realidad que relata la acusada, así como lo que consta en el expediente judicial, es que fue interceptada. en la carretera con su pareja, y luego fue llevada a una casa de seguridad. Allí los agentes de la AFI la golpearon y tras ella le pusieron una sábana blanca a la espalda y la grabaron mientras le preguntaban desde cuándo secuestraba y extorsionaba, según relató el imputado a EL PAÍS. “Lo legal es que los hubieran trasladado al Ministerio Público, y no que los llevaran a esa casa y después los expusieran a los medios”, explica su abogado. Alrededor de las 22:00 horas de aquel 4 de septiembre de 2007, unas cuatro horas después de su detención, Televisión Azteca, Televisa y otros medios locales acudieron al lugar para transmitir.
En un video de unos segundos, grabado por la familia de Edwina Cisneros directamente de la televisión, se escucha el siguiente reporte: “La PFP (Policía Federal Preventiva) capturó a cuatro secuestradores de la banda Los Truenos, quienes liberaron a una de sus víctimas para a quienes pidieron 700 000 pesos, los sujetos estaban comandados desde dos cárceles de la capital”. mientras en el periodico el gráfico Aseguraron la siguiente información: “Se detuvo a Gabriel Moreno Hernández, de 38 años, quien era el cabecilla. Homero Moreno Hernández, Isidoro Díaz, quien alimentó y cuidó a la víctima, así como Edwina Vanessa, presunta pareja del líder de la banda”.
En declaraciones horas después de su llegada a la SIEDO, Gabriel Moreno Hernández aseguró que su pareja, Edwina, no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Moreno Hernández dice que “lamenta que se culpe a personas inocentes, como su novia Edwina Vanessa”. Esto no hizo nada para evitar que Edwina fuera a la cárcel.
Protocolo de Estambul acreditado y ausencia de sentencia
En 2018, la defensa de Edwina, con la ayuda de un certificado médico emitido por la propia SIEDO, logró reconocer oficialmente que había sido golpeada y torturada para aceptar su culpabilidad. Luego se le atribuyó el Protocolo de Estambul, un conjunto de estándares internacionales que obliga a los gobiernos a investigar, documentar y sancionar los casos de tortura y otras formas de malos tratos. Cisneros ha contado, vía telefónica a este diario, la forma en que fue golpeada desde el momento de su detención y hasta varias horas después de que firmara su declaración de culpabilidad. “Me golpearon, me pusieron bolsas en la cabeza, me patearon las costillas. También se ponen agujas entre las uñas y lo único que esperas es que te dejen de pegar”, dice.
Desde 2019, la defensa de Cisneros solicitó la separación de procesos para que Edwina pueda ser juzgada individualmente. Tras su detención en 2007, todos los coacusados en la causa han sido representados por una sola defensa, una defensora de oficio que, sin embargo, “los ha abandonado durante más de 11 años”, dice el abogado Gamero. “Esto representa un conflicto de intereses porque todos tienen derecho a defenderla, y a demostrar razones por las cuales no cometió el delito que le señalan. Si un abogado representa a más de dos codemandados, evidentemente no puede velar por los intereses de uno solo”.
Tras cuatro solicitudes de Gamero para que se separe el proceso de Edwina del resto de imputados, ni siquiera ha logrado obtener una respuesta. Hasta enero pasado se reconoció que Edwina solo tuvo una probable colusión en un secuestro y que daría lugar a una audiencia en la que un juez decidirá, finalmente, si Edwina puede continuar con el proceso de ella individualmente. La audiencia podría significar un camino más fácil para la sentencia.
En 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que aseguró que “todo recluso de las cárceles federales que haya sido torturado y esté verificado a través del protocolo de Estambul” será liberado. El decreto también incluía, entre otras cosas, la liberación de las personas privadas de libertad sin sentencia por más de 10 años por delitos no graves.
Edwina Cisneros aún cree que su caso puede ser escuchado. La visita del Ministro de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, en mayo de 2022 a Santa Martha, le dio un nuevo aire de esperanza a pesar de los 15 años anteriores en los que ha bordeado la desesperación. “Solo ves tu vida pasar. Vives en total incertidumbre y sientes que no hay forma de luchar. Sólo quiero ser juzgado de acuerdo con la ley. Como el resto de la gente, con el mismo derecho a ser escuchada y volteada a ver”, concluye.
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