“Prefiero una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos”, dijo Pablo Escobar y cumplió. Escobar es el capo más peligroso y con más sentido político que haya existido en América Latina. La extradición es un tema políticamente complejo que estuvo directamente relacionado con la extrema violencia que vivió Colombia en las décadas de 1980 y 1990. Desde una perspectiva micro, en el reciente juicio contra Genaro García Luna se estaba juzgando a un individuo, pero desde una perspectiva macro se estaba juzgando a México y la decisión del jurado fue consistente con la idea que personas como Trump le han dado a los estadounidenses sobre los mexicanos a quienes Llamó a violadores, asesinos y narcotraficantes mientras decía que Centroamérica era un país de mierda.
Desde una perspectiva macro, el caso García Luna tendrá consecuencias políticas que podrían afectar a la DEA y al Departamento de Estado en su lucha contra el narcotráfico, en la que las extradiciones son un componente esencial. Como me decía un buen amigo, si los capos extraditados pueden servir de testigos contra quienes los extraditan, ¿quién, de ahora en adelante, en su sano juicio, querrá extraditar? El gobierno de Felipe Calderón tuvo las mayores coincidencias con la política antidrogas de Estados Unidos y es el que más capos ha extraditado en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Más allá de la lucha de narrativas y culpabilidades políticas en México por la condena de García Luna, lo concreto es que el juicio fue contra la patria. Tiene sentido que las extradiciones hayan disminuido drásticamente y continúen disminuyendo, sin importar quién gobierne. La lectura general de los políticos latinoamericanos será “el diablo paga mal a quien bien le sirve”.
La paradoja es que esto ocurre en un momento en que Estados Unidos necesita la mayor cooperación porque las adicciones están matando diariamente a cientos de estadounidenses con fentanilo y cuando Estados Unidos ha perdido autoridad e influencia en América Latina. Parece débil y sin política hacia una región que se disputa China. Se supo que Trump propuso lanzar misiles a los cárteles mexicanos y alguna persona sensata lo convenció de que no se podía hacer. Comandó una flota frente a las costas de Venezuela que luego retiró en silencio. La era en la que Estados Unidos podía imponer sus políticas por la fuerza ha terminado y la simpatía por sus gobiernos nunca ha sido tan baja, incluso entre la derecha, porque apoyó dictaduras militares, organizó golpes de Estado y ahora los militares desconfían porque la igual les pagó mal.
En la década de 1980, el narcotráfico fue utilizado por la CIA para financiar a los Contras nicaragüenses e incluso Cuba se involucró en el tráfico. Fidel Castro terminó culpando y disparando a otros para limpiarse. Pero el crimen organizado es ahora una seria amenaza para todo el continente, y América Latina está dominada por gobiernos de izquierda que desconfían de Estados Unidos. Por otro lado, la izquierda es alérgica al tema de la “ley y el orden” ya que fueron víctimas de policías y militares y con ello tienden a restarle importancia a la represión y ven las drogas como un problema que no es de ellos.
El narcotráfico y la violencia en Ecuador crece exponencialmente y el presidente conservador Guillermo Lasso perdió las elecciones locales y un referéndum sobre extradiciones. Perú vive en un caos de ingobernabilidad que puede durar muchos años, en Bolivia hace quince años expulsaron a la DEA, el actual Gobierno de El Salvador se ha negado a realizar extradiciones de pandilleros, al Gobierno de Guatemala ya no le importa lo que diga y hacer los EE.UU. en contra de sus decisiones sobre el Poder Judicial. En Venezuela, EE.UU. condena a Nicolás Maduro al mismo tiempo que trata con su gobierno. Entre otros, estos países son parte del problema del narcotráfico.
Hay políticos de derecha y de izquierda que creen que hay que negociar con los delincuentes. Es una política que puede estar equivocada, pero es una decisión soberana que puede responder a una visión social o razones tácticas. Ahora ha quedado claro que los únicos que pueden hacer arreglos con los delincuentes son los fiscales estadounidenses, los demás corren el riesgo de ser procesados por la justicia estadounidense utilizando a los delincuentes como testigos. Las extradiciones han sido fundamentales para obtener información, pero con el escenario descrito y la idea de que “el diablo paga mal”, la DEA puede quedarse ciega, sorda y muda.
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