El Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó la reforma a los Estatutos del PRI impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas, alitoprorrogar su mandato al frente del partido hasta después de las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Con la decisión del Consejo General del INE de este lunes, alito Moreno debe dejar la dirigencia el próximo 18 de agosto y el partido tricolor tendrá que convocar un proceso interno para elegir un nuevo presidente. El líder priista puede impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Federal Electoral, que tendrá la última palabra y determinará si las reformas estatutarias impulsadas por Alito son válidas o no.
En una reñida discusión, por seis votos a favor y cinco en contra, el árbitro electoral ha concluido que las reformas de Alito —aprobadas el 19 de diciembre en sesión del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI— no cumplían con las normas establecidas por la el propio partido modificar sus documentos básicos. En dicha sesión, el CPN reformó el artículo 83 de los Estatutos, inciso 37, para permitir a Moreno extender su mandato por un año y poder formar alianzas electorales con otros partidos. Priistas críticos de Alito, como los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, cuestionaron la reforma alegando que la única autoridad interna facultada para reformar los documentos básicos es la Asamblea Nacional, el máximo órgano decisorio del partido, y que el CPN sólo podrá hacerlo excepcionalmente cuando, por causas justificadas, la Asamblea no pueda reunirse para sesionar.
Al convocar a sesión del CPN para el 19 de diciembre de 2022, el partido no justificó por qué la reforma de los documentos básicos no podía llevarse a cabo en una Asamblea Nacional, tal y como aprobó este lunes el INE. En la agenda de dicha sesión, el PRI indicó que era imperativo modificar sus Estatutos para adecuarlos al “plan B” de la reforma electoral. Sin embargo, el INE ha determinado, en el momento de la tricolor avaló las modificaciones estatutarias, el “plan B” no había culminado su trámite legislativo ni había sido promulgado por el Ejecutivo y, por lo tanto, aún no podía ser considerado una ley o decreto aprobado.
El árbitro electoral consideró que, al no ser válida la vía por la cual el PRI modificó sus Estatutos en el CPN y no en su Asamblea Nacional, era imposible llegar al fondo del análisis de constitucionalidad de los cambios aprobados. La mayoría de los concejales que votaron en contra del proyecto consideró que el partido sí justificó la excepción para que el CPN hiciera reformas internas y defendió el derecho de los partidos a la libre autodeterminación.
La consejera Carla Humphrey expresó su desacuerdo con la conclusión de que el INE no podía juzgar el fondo de los cambios estatutarios. “Llegamos a una conclusión [en el proyecto] fuera de las facultades y competencias de este Consejo General; De conformidad con el artículo 36 de la Ley General de Partidos Políticos, este Consejo sólo tiene facultades para declarar la constitucionalidad y legalidad de los documentos básicos. Concluir en el primer punto resolutivo la imposibilidad de pronunciarnos está completamente fuera de lugar. Digo esto porque, según el contenido del proyecto que se somete a nuestra consideración, todo lo que se ha hecho se declara nulo porque el CPN no es una autoridad competente, es decir, el procedimiento de reforma es ilegal. Por lo tanto, esa debería ser la conclusión, no la imposibilidad, como viene en el proyecto. De llevarse a cabo lo anterior, se debe cambiar el punto resolutivo primero para señalar la ilegalidad y en consecuencia el segundo debe ser para señalar lo que se debe hacer para restablecer o garantizar la legalidad de este procedimiento”, afirmó.
El concejal Ciro Murayama, quien votó a favor de anular las reformas del PRI, ha sostenido que es fundamental analizar las modificaciones en sí, pero primero el camino que siguió el partido para llegar a ellas. Forma y fondo, ha resumido. “No estamos juzgando si una votación fue unánime, si fue de una proporción muy alta, sino si la convocatoria a ese CPN se apega a los propios Estatutos. Y aquí se nos dijo: ¿estaba o no debidamente justificado? A mi modo de ver, no se trata de que la causa o el caso estén suficientemente o no suficientemente claros. Me parece inexistente, porque se llamó a adecuarse a un marco legal que no se había reformado el 19 de diciembre. Es decir, se votó una adecuación a un marco legal que todavía, a día de hoy, meses después, ni siquiera se ha publicado”, dijo.
Representantes del PAN y del PRD —aliados del PRI en la coalición Va por México— pidieron flexibilidad a los asesores electorales para permitir la tricolor gobiernan su vida interna con autonomía, y argumentaron que la decisión del INE podría tener un impacto negativo en su estrategia electoral.
El concejal Murayama criticó la petición y dijo que el árbitro electoral no está jugando para ningún lado en una disputa política. “Frecuentemente se señala, se ataca, que esta autoridad, desde el Gobierno se dice incluso, es militante de la oposición. Creo que es un ataque injustificado, indebido, abusivo contra una autoridad autónoma, imparcial, independiente y objetiva. Pero también en todos estos diálogos escuché expresiones de diferentes actores políticos distintos al Gobierno en las que decían: ‘Es que su determinación va a gravitar en nuestra estrategia política’. Y se lo digo con respeto, claridad y energía: no somos parte de la estrategia política de la oposición ni estamos al servicio del Gobierno. Pero es tan malo que el gobierno nos diga que es un opositor como que la oposición esté convencida de que, efectivamente, nuestras determinaciones pueden ayudarlos en sus estrategias”, afirmó.
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