El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que el Ejército ejecutó a los cinco jóvenes fallecidos el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. “No fue un enfrentamiento, sin importar quiénes fueran, fueron ejecutados”, dijo el miércoles el funcionario.
Al llegar a una reunión en la Cámara de Diputados, el subsecretario reconoció que hay elementos que prueban que los jóvenes no estaban armados. La declaración de Encinas contradice las primeras versiones del Ejército Mexicano que indicaron que sus elementos activaron sus armas cuando escucharon disparos y vieron la camioneta donde viajaban los jóvenes a excesiva velocidad con las luces apagadas y sin placas.
Aunque indicó que se debe concluir la investigación solicitada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el funcionario aseveró que es necesario investigar si los militares que dispararon contra los jóvenes siguieron o no instrucciones de sus superiores. “Todo el mundo tiene derechos, pero los que infringen la ley deben cumplir con su responsabilidad. Por supuesto, la investigación debe abordar la cadena de mando, no solo la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas sino también la cadena de mando en este operativo”, explicó.
Dos jóvenes sobrevivieron al ataque e informaron que los soldados continuaron disparándoles a pesar de que ya estaban tirados en el suelo. Además, el caso se conoció cuando horas después, los militares regresaron al lugar de la masacre para retirar el vehículo y los vecinos y familiares de las víctimas intentaron detenerlos, lo que derivó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados.
Respecto al caso de Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado, en conferencia de prensa, que se debe investigar lo ocurrido. “Aunque sean presuntos sicarios, no se debe permitir que nadie sea ejecutado”, dijo días después de lo sucedido. Desde su campaña a la presidencia, el político tabasqueño se ha mostrado crítico con las ejecuciones extrajudiciales, asegurando que no continuaría con la estrategia de administraciones anteriores de matar delincuentes.
Por otra parte, cuestionada sobre las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, Encinas dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya entregó la información requerida por el Gobierno de Israel para el proceso de extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. El exfuncionario, prófugo en ese país con el que México no tiene tratado de extradición, está acusado de fabricar pruebas y torturar en el caso.
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