Finalmente, luego de dos intentos fallidos y un camino tortuoso en los tribunales, este 11 de mayo llegó a su fin la política sanitaria conocida como Título 42. Una medida instaurada en 2020 por el expresidente Donald Trump y muy utilizada por el gobierno de Biden, que bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19 derivó en la expulsión expedita de más de 2.7 millones de migrantes, muchos de ellos a territorio mexicano.
Como era de esperarse, desde hace unos días, contingentes con miles de migrantes de diversas nacionalidades llegan de manera desordenada a la frontera norte de México. Personas en movimiento que, engañadas por los traficantes, creen que entrarán fácilmente a Estados Unidos. Pero la realidad es diferente.
En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha publicado varias medidas de securitización y control migratorio. Primero, la instalación de centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala para que las personas migrantes realicen sus trámites y solicitudes de refugio, asilo o alguna otra vía legal, desde esos países. En segundo lugar, el despliegue esta semana de 24.000 agentes de seguridad en la frontera con México; Además, el gobernador de Texas, Greg Abbot, ha anunciado la presencia de 1.200 policías estatales y 10.000 elementos de la Guardia Nacional de ese país solo en ese estado. Tercero, la implementación de penas más severas para quienes intenten ingresar ilegalmente; será sancionado con hasta 5 años sin poder ingresar a Estados Unidos e incluso la posibilidad de enfrentar un proceso penal para quienes lo intenten más de una vez.
Además, el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha destacado que aunque desaparezca el Título 42, utilizarán el Título 8 para devolver de manera expedita a los migrantes. También mencionó el aumento de vuelos para deportación y la apertura de más centros de detención migratoria en ese país. Pocas y complejas son las vías legales disponibles actualmente: visas humanitarias con requisitos difíciles de cumplir, un sistema de citas en línea (CBP-ONE) que no ha sido funcional y está saturado y la convocatoria de personas para realizar los trámites desde sus países, que se hace imposible para aquellos que se ven obligados a huir.
La securitización y militarización de la frontera no sirven para evitar que migren más personas, los flujos siguen aumentando considerablemente, ya que los riesgos en los países de origen son evidentes y se agudizan. Cuanto más difícil es cruzar la frontera, mayores son las ganancias de los traficantes, quienes en su mayoría pertenecen a carteles del crimen organizado, exponiendo a las personas en movimiento a mayores riesgos.
Preocupa que, bajo el concepto de programa humanitario, anunciado tras la visita del asesor Sherwood a Palacio Nacional y tras el llamado entre los mandatarios de México y Estados Unidos, sigan devolviendo a México personas de otros países sin ningún tipo de plan o acciones integrales y corresponsables para que suceda de manera ordenada, segura, humana y empática. México debe exigir recursos y compromiso de Estados Unidos para atender la situación. Ampliar los cauces legales y fortalecer esquemas y modelos productivos, humanos y seguros es la única forma de enfrentar y utilizar el inminente fenómeno de la movilidad humana en beneficio de todos.
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