Roxana Ruiz está a un paso de la libertad. La Fiscalía del Estado de México ha informado este sábado que retira la acusación contra Roxana Ruiz, la mujer que hace dos años mató al hombre que la violó en defensa propia. Uno de los casos más sonados en los últimos meses, Ruiz, que había sido condenada hace unos días a seis años y dos meses de prisión, por exceso de legítima defensa, ve como sus denuncias empiezan a surtir efecto. La sentencia de seis años no era firme y, ante los posibles recursos de Ruiz y sus abogados, la Fiscalía ha decidido retirarse de la misma.
“Estamos sorprendidos con la noticia, no nos lo esperábamos”, dice Ángel Carrera, abogado de la joven. “Todavía tenemos que ser notificados de esta decisión por escrito”, dice Carrera, que ha conocido la decisión de la Fiscalía a través de los medios de comunicación.
“Tras conocer la sentencia del 15 de mayo contra Roxana Ruiz”, escribió la Fiscalía en un comunicado, “el fiscal general instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género a llevar la causa, para su posterior análisis, a amparo de los parámetros metodológicos que se deben tener en cuenta cuando se trata de sujetos pertenecientes a grupos vulnerables”, agregó. En la revisión, la unidad de violencia de género concluyó que Ruiz “está exenta de responsabilidad penal, ya que esta Fiscalía considera que actuó en legítima defensa”. .”
La noticia marca una victoria para Ruiz, de 23 años, originario de Oaxaca. Pero también para un país como México, que contabiliza miles de asesinatos de mujeres cada año. Ruiz ha aludido precisamente a lo que esconden las cifras. La violencia que se ejerce contra la mujer, como contexto de lo ocurrido en su caso. En una entrevista con EL PAÍS esta semana, señaló que “era mi vida o la de él”.
La mujer contó a este diario lo ocurrido. Era el año 2021. Ruiz había salido a la calle con su carrito a vender papas fritas. Unas mujeres que trabajaban frente a ella la invitaron a tomar unas cervezas. “Cogí uno y me fui”, ha contado en varias ocasiones. En ese momento, un chico que conocía de vista, Sinaí Cruz, se le acercó y se ofreció a acompañarla a su casa. “Él insistió en que lo dejara entrar y pasar la noche porque vivía lejos”, explica Ruiz. Ella dice que, por miedo, accedió a dejarlo entrar. Cuando estaba dormida, agrega, el hombre la violó. “Me desperté y este tipo estaba encima de mí con los pantalones y los bóxers bajados. Y yo pues lo único que hice fue deshacerme de él, defenderme y salir con vida”, cuenta.
Ruiz cuenta que ambos forcejearon, que lo asfixió con una camiseta y que Cruz se golpeó la cabeza y murió. Asustada, la mujer trató de sacar el cuerpo del hombre de su casa, pero luego la policía la detuvo. Ruiz estuvo nueve meses en prisión preventiva hasta que fue puesto en libertad provisional. “Les expliqué que me defendí cuando esa persona abusaba de mí, pero no lo tomaron en cuenta en mi declaración”, dijo la mujer en una entrevista.
Su estancia en el penal del Bordo de Xochiaca le sigue dando pesadillas. “Es un lugar muy feo y muy hostil”, dice. “No tanto por los internos, sino por el sistema. En la cárcel no respetan tus derechos humanos”, asegura y lo resume así: “No te tratan como a una persona, te tratan como a un animal”.
En el Código Penal federal, la legítima defensa se considera una excusa para cometer un delito. A lo largo de este tiempo, tanto Ruiz como sus abogados han insistido en que no se aplicó la perspectiva de género ni en la investigación ni al juzgar el caso, desconociendo la violación de la que Ruiz fue víctima. “No se analizó el contexto en el que ocurrieron los hechos”, dice el abogado Carrera.
El caso de Ruiz recuerda al de Yakiri Rubio, una joven acusada de matar a su violador en defensa propia en 2013. Rubio fue encarcelado y luego liberado por un tribunal de la Ciudad de México. Un caso paradigmático que sentó precedentes a la hora de juzgar un homicidio por exceso de legítima defensa con perspectiva de género.
Consultado sobre el caso, un vocero de la Fiscalía del Estado de México explicó que ahora la pelota está en el campo de la justicia local. “La Fiscalía ya no es la parte acusadora. Lo que se espera ahora es que esta semana haya una audiencia, en la que el juez conocerá el desistimiento y cerrará el caso. Aunque esto último depende del poder judicial. Con esto la Fiscalía reconoce que fue en defensa propia”, explica.
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