Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, no se quedará de brazos cruzados ante el reciente decreto expropiatorio que ha lanzado el Gobierno de López Obrador sobre una de sus concesiones ferroviarias y que ha supuesto el embargo de sus instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas, en Veracruz, desde el pasado viernes. En un paso inusual para el empresario que siempre ha preferido un perfil bajo, su empresa, Grupo México Transportes, ha declarado este domingo por escrito que ya analiza las acciones ante el decreto de ocupación y la intervención de la Armada en sus instalaciones.
“Grupo México Transportes continúa analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación, a fin de determinar las acciones que se deben tomar. Al mismo tiempo, y a pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá negociando de buena fe en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá un servicio de calidad para sus clientes mientras el gobierno federal le permita operar sus trenes y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en óptimas condiciones de seguridad y circulación. Si no se llega a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en última instancia en un deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y el libre mercado”, asienta la empresa por escrito.
Un tramo de 120 kilómetros de vía férrea en el sureste del país ha abierto una seria fisura entre el magnate mexicano y el gobierno federal. El presidente López Obrador ordenó por decreto la expropiación de este tramo ferroviario en Coatzacoalcos, Veracruz. Bajo el argumento de que la vía es “de utilidad pública”, el Ejecutivo decretó que este tramo, hasta ese día en concesión de Grupo México, pasaría a manos del estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operado por la Secretaría de la Marina. El polémico decreto fue emitido el viernes pasado, un día después de que se diera a conocer otro decreto que designa algunas de sus obras emblemáticas, entre ellas el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como de “seguridad nacional” e “interés público”, proyecto que requiere precisamente de la libertad vía en ese tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas.
En su defensa, Grupo México aprovechó la carta como prueba de que la publicación del decreto de expropiación por parte del gobierno federal los tomó por sorpresa porque estaban en plena negociación. “Incluso en la mañana del 19 de mayo, cuando la empresa fue sorprendida con la publicación del decreto de ocupación en el Diario Oficial y con el ingreso de personal armado a los patios ferroviarios, se programaron reuniones de trabajo entre las partes para avanzar en la negociación. ”, informó la empresa por escrito
La firma no oculta que en estos momentos la negociación se encuentra en una “circunstancia difícil” e incluso reprocha que a pesar de que en 2022 firmó un convenio con los ministerios del Interior y de Comunicaciones y Transportes, que contemplaba la construcción de un segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y gastaron cientos de millones de pesos en el proyecto, el Gobierno desechó la obra meses después. “La insistencia del Gobierno en que la Secretaría de Marina tenga la concesión implica que esta dependencia es responsable del cuidado y operación de la vía y patios, así como de garantizar en todo momento las condiciones esenciales de máxima seguridad requeridas para la circulación de materiales y sustancias químicas peligrosas, entre otros productos” específico.
La polémica orden de expropiación contra Grupo México se ha producido en vísperas del anuncio del nuevo dueño de Banamex, el cuarto banco del país puesto a la venta por Citi y en cuya oferta resuena con más fuerza el nombre de Larrea.
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