Las anécdotas abundan. Una persona del pueblo mixe que emigró a la ciudad para estudiar en una escuela técnica de confección mientras realizaba labores domésticas negó ser indígena cada vez que sus compañeros le preguntaron; Ya había aprendido en su vida laboral y en muchos otros espacios de la ciudad que ser indígena, o “india” como frecuentemente la insultaban, era algo indeseable. Su empleador le había prohibido hablar el idioma mixe cuando hacía llamadas telefónicas a sus familiares porque estaba nerviosa por no entender su idioma y temía que “estaba hablando mal de ella”. Entonces, cuando se enteró de que la descubrieron en la escuela, siguió negando que fuera indígena y entre risas nos dijo que incluso decía que era de la ciudad de Oaxaca, solo que venía de la inexistente “colonia mixe”. Así, hay muchos casos; Para tratar de evitar los terribles efectos del racismo, la población indígena se ha visto obligada a ocultar o incluso negar su pertenencia a una de las decenas de naciones originarias de este país.
¿Por qué, en cambio, en el contexto del actual proceso electoral, la oposición insiste en defender que Xóchitl Gálvez es indígena mientras que la izquierda insiste en que no lo es? Detrás de la pugna por quitar o mantener la etiqueta de “indígena” late el mito racista del “buen salvaje” que dicta que ser indígena automáticamente inviste a una persona con una legitimidad de oro y que directamente le otorga características que generarían simpatía ante el electorado.
De hecho, no es la primera vez que se da un debate sobre si un político es indígena o no. En 2021, diversos medios informaron que Manuela del Carmen Obrador Narváez (prima del actual presidente de la república según se informó) se había convertido en candidata de Morena para representar al Distrito Electoral 01 como diputada federal, con sede en Palenque, Chiapas. El problema es que, según las reglas de acción afirmativa del Instituto Nacional Electoral, este distrito estaba reservado para una candidatura calificada de autoadscripción indígena. Crescencia Díaz Vázquez, mujer ch’ol del estado de Chiapas, impugnó el proceso alegando que Manuela del Carmen no pertenecía a ningún pueblo indígena. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que la prima del presidente sí cumplió con la referida autoadscripción ya que había probado su vínculo con una comunidad indígena.
Otro caso sonado fue el del diputado panista Oscar Daniel Martínez Terrazas quien siendo oriundo de Chihuahua quiso representar a la Circunscripción 4 de Guerrero como diputado plurinominal, al igual que en el caso anterior esta circunscripción estaba reservada para personas de pueblos indígenas. Para lograr su objetivo presentó un documento que lo acreditaba como parte de la comunidad nahua de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecuacuilco; La asamblea de este pueblo negó haberle expedido este documento, lo desconocieron como parte de su comunidad e hicieron una denuncia pública. Lo más impactante es que, ante la prensa, Oscar Daniel se defendió diciendo que sufrió discriminación porque un indígena “no tiene que medir un metro ni tener cierto color de piel”; cuando se le preguntó de qué comunidad era el certificado que había entregado, dijo que era de “una comunidad náhuatl, ustedes saben que tienen diferentes nombres”, sin siquiera poder decir el nombre de la comunidad a la que decía pertenecer como indígena. En este caso, el TEPJF retiró la diputación.
El Estado Mexicano ha utilizado diferentes criterios para saber si alguien es indígena o no, estos criterios, discriminatorios o abiertamente racistas, conforman lo que hemos llamado el indigenómetro, revisamos algunos de ellos en esta columna anterior. Una respuesta al indigenómetro fue la lucha del movimiento indígena porque el criterio de autoadscripción fue el legal para determinarlo, luego de una lucha histórica ha sido un logro importante ratificado por diversas cortes. Este criterio ha sido un logro porque anula el racismo implícito en el indigenómetro y por eso es fundamental y tan importante para el movimiento indígena; Sin embargo, la autoadscripción plantea varias preocupaciones. Seamos precisos, el conjunto de situaciones en las que las personas luchan por ser legalmente reconocidas como indígenas es pequeño, ocurre en el caso de acciones afirmativas o cuando pueden ganar algo con esa filiación. En la vida cotidiana, en cambio, lo que ha sido común a lo largo de la historia es que quienes pertenecen a los pueblos indígenas se sientan obligados por el racismo a negar que son indígenas. Es ante las recientes cuotas que se establecen para ciertos cargos o becas específicas (muy pocas en realidad) que surge la preocupación de que alguien que no sea indígena usurpe esa filiación. Por ello, el Estado mexicano solicita que sea una autoadscripción calificada pero esto también presenta otros problemas. ¿Qué pasa con las personas de pueblos indígenas que no pueden ser reconocidas por una comunidad indígena porque llevan mucho tiempo fuera de sus territorios por causa de la migración? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas cuya organización no es comunitaria? ¿Qué sucede cuando, por los efectos del colonialismo, los sistemas de representación política colectiva han sido desmantelados? ¿Quién puede calificar la autoadscripción? ¿Los académicos a los que se les pide una “pericia antropológica”?
Cada vez que el Estado mexicano intenta determinar qué pueblos son indígenas o cuáles no, se mete en una camiseta de once varas. La afiliación de los individuos exige también el reconocimiento colectivo. El pueblo de Mezcala en Jalisco ha llevado una larga lucha para que el Estado los reconozca como una comunidad indígena Coca, un pueblo cuya lengua se extinguió hace más de un siglo debido a la presión estructural contra las lenguas indígenas. Muchos han tratado de usar este hecho para negarles el reconocimiento que buscan. ¿Qué pasa con la gente de esta comunidad mientras no sea reconocida como indígena? ¿Empezarán a ser indígenas cuando el Mezcala sea reconocido como tal? La autoadscripción colectiva generalmente se realiza en respuesta a necesidades estratégicas de defensa del territorio, considerando el marco legal que recién en el siglo XXI comienza a reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, muchas comunidades nativas se autoadscriben como indígenas justo cuando, ante una amenaza externa, necesitan defender sus bienes naturales. “¡Qué nos interesaría antes de decirle al gobierno que éramos indígenas! Siempre hemos vivido como zapotecas y así nos conocen, tuvimos que decirle a los jueces que éramos indígenas porque solo así podíamos exigir que nos consultaran en lugar de otorgar nuestros cerros a las empresas mineras”, fueron las reflexiones de una ex autoridad comunitaria que me contó la historia de su proceso de defensa territorial. Podemos decir que somos mixes, ikoots o zapotecas para nosotros y para los demás pueblos con los que convivimos, pero ante el Estado somos indígenas.
Volviendo al punto de la autoadscripción individual, ¿cuál sería entonces la forma más efectiva de evitar la usurpación indígena? El reconocimiento de la autonomía y libre determinación de los pueblos es la respuesta. Si los pueblos y comunidades indígenas pudieran determinar directamente quiénes serían sus representantes en la legislatura sin pasar por los partidos políticos y sus cuotas, ningún tribunal electoral tendría que estar determinando si un candidato es indígena o no. Si los programas de becas para estudiantes indígenas fueran administrados por organizaciones pertenecientes a cada pueblo o comunidad indígena, ni el Estado ni las instituciones tendrían que determinar quién es indígena y quién no. La UNAM, por ejemplo, podría hacer convenios con cada pueblo o comunidad indígena para ofrecer las becas y cada pueblo determinaría la forma más adecuada de asignarlas a quienes considere que forman parte de esta comunidad política autónoma. Si se respetara y desarrollara el pluralismo jurídico, cada pueblo indígena podría hacer justicia en su propio idioma considerando su contexto y tradición cultural sin necesidad de conocimientos antropológicos. Dar autonomía efectiva a los pueblos y nadie sino los propios pueblos indígenas tendrán que decidir quién es indígena y quién no. El fortalecimiento de nuestras autonomías es la mejor cura contra la usurpación. Sin embargo, tampoco es un camino fácil, considerando que el propio Estado ha socavado y desmembrado las organizaciones de representación política de los pueblos indígenas durante décadas, fortalecer las autonomías significará, en muchos casos, restaurarlas.
La Reforma Indígena, olvidada por el Ejecutivo a pesar de que Morena prometió que esta vez se harían realidad los Acuerdos de San Andrés, va en la dirección de precisamente fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación. Lamentablemente, nada indica que esta reforma se haga realidad en este sexenio.
