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La muerte de Roberto Alonso por inanición en una cárcel de El Salvador

La muerte de Roberto Alonso por inanición en una cárcel de El Salvador

El paquete siempre contenía leche, cereal, avena, maíz y soja. Tampoco le faltó nunca el azúcar. Roberto Alonso Villatoro era diabético y no lo soportaba, pero Verónica Reyes, su pareja, pensó que tal vez podría cambiarlo por algo que le gustara, o regalárselo a una pareja. Roberto fue detenido el 3 de diciembre de 2022 en un barrio del centro de San Salvador y finalmente trasladado al penal de Izalco, a unos 75 kilómetros de la capital. No tenía antecedentes penales ni había pruebas en su contra, pero la fecha de su primera audiencia judicial había sido pospuesta para 2025. Reyes, dice, había prometido hacerlo firme: cada 15 días llevaría el paquete a prisión. . Enumera cuidadosamente lo que incluía: un cepillo de dientes y un jabón especial –“porque se sabe que los presos sufren muchas enfermedades de la piel por dentro”–, un boxer, sus pantalones cortos, una camiseta. El 27 de enero, Verónica Reyes recibió la única llamada que le habían hecho las autoridades penitenciarias en 14 meses. Roberto estaba muerto y tuve que ir a recoger su cuerpo. El dolor se retorció al reconocerlo: “Estaba mirando un cuerpo que moría de hambre”. Para, repite: “Antes me llegaba el paquete cada 15 días. Y murió de hambre.”

El barrio 22 de Abril es un laberinto. Hay una carretera principal que conduce a cientos de pasajes estrechos que se conectan de una manera que sólo los vecinos conocen. Era un barrio conflictivo, violento y controlado por pandillas. El conductor se dirige hacia la entrada y dice: “Nunca he podido entrar. Antes, a estas alturas, habríamos estado bajo los disparos”. Antes de que el presidente Nayib Bukele iniciara su guerra contra las bandas criminales. El Salvador, que durante años encabezó el ranking como el país más violento de América Latina, se encuentra bajo un régimen de emergencia desde marzo de 2022. Los asesinatos se han desplomado, las pandillas han sido aniquiladas y un coche con cristales polarizados y periodistas pueden entrar en este barrio que Ahora luce casas recién pintadas y plantas en las ventanas.

Roberto, de 38 años, y Verónica, de 44, nacieron aquí y se conocieron aquí hace más de diez años. Nunca se casaron, pero regentaron juntos una pupusería y una tienda de comestibles. Ella, cocinera, y él, trabajador de una fábrica de aceite, decidieron montar su propio negocio cuando la empresa de Roberto lo despidió por recortes de personal. Vivían en una casa humilde con los tres hijos de Verónica, quienes lo consideran su padre adoptivo, 10 tortugas, tres gatos y cinco pequeños chihuahuas, a quienes acogieron en busca del sol. “Con ese hombre no había tristeza, buscaba lo bueno en lo malo”, dice y ríe Verónica Reyes.

Al menos 75.000 personas fueron detenidas en régimen de emergencia, sumándose a las 35.000 que ya estaban en prisión antes. En un país de 6,2 millones de habitantes, hay más de 110.000 en prisión. Casi el 17% de la población. Es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Entre los detenidos, reconoció el gobierno de Bukele, hay personas inocentes. ¿Cuántos? Se han presentado más de 6.000 recursos ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo, que será reelegido este domingo, los considera un coste aceptable para mantener el clima de seguridad. En estos 22 meses, cifra que supera incluso a la de Venezuela, 224 personas han muerto en cárceles, según la organización Socorro Jurídico. La cifra real no se conoce porque el gobierno ha mantenido la información en secreto durante siete años. El golpe final del abuso le llega a esta mujer amable, de mirada firme y sonrisa desenfadada, que presa del miedo se atreve a decir que han asesinado a su compañero de vida.

Verónica Reyes muestra en su teléfono una fotografía del cuerpo de Roberto Alonso, luego de que fuera reconstruido por la funeraria.Gladys Serrano

No hubo nada especial en el 3 de diciembre. La pareja hacía recados y atendía la tienda. Policías y soldados patrullaban los pasillos. Muchos ya habían sido sacados de estas calles enmarañadas. A Roberto Alonso lo habían parado varias veces, pero había mostrado su documentación y su celular, y continuó su camino. Alrededor de las 2 de la tarde, Reyes regresaba de visitar a su madre cuando vio a uniformados sacar a su pareja de la tienda. En unos 20 minutos examinaron los mensajes, audios y fotografías de su teléfono, además comprobaron que no tenía antecedentes penales. Reyes confiesa que no está preocupado: “El agente hizo todo su trabajo, no encontró absolutamente nada cuando investigó”. “Pero al final me dijo: ‘Mira, este es el procedimiento y lo tengo que hacer de todos modos’.

Rápido, Roberto esposado. Arrodillado frente al camión. Los vecinos se reúnen. “Vieja, me llevan”, logra decirle a un vecino anciano, que protesta sin éxito frente a los soldados. Verónica intenta grabar cómo lo arrojaron como un saco dentro del vehículo, pero la policía la obliga a borrar el video, de lo contrario ella también quiere ser arrestada. “No me dejaron hablar con él. Lo vi de lejos, no me dejaron acercarme, sólo nuestras miradas hablaban. “Tal como nos vemos”. Pronto, el calvario.

Roberto Alonso, acusado de asociación ilícita, ha sido trasladado a prisión en tres ocasiones. Cada vez más lejos, cada vez en peores condiciones. Pasó los primeros dos meses en la antigua cárcel de mujeres de Ilopango, cerca de su casa; luego dos más en el centro penal de Quezaltepeque, a una hora en transporte público, y la última parada fue Izalco, donde Verónica tomaba el autobús unas cinco horas diarias de ida y vuelta.

Se enteró de los traslados a través de grupos de Facebook o WhatsApp anunciando el retiro de los presos y su probable destino. Llegó allí con sus cosas. “Resulta que cuando los reubican no les permiten llevarse ninguna de sus pertenencias. Entonces salgo ya preparado, salgo con su colchón porque en esa prisión estaba permitido. Y con tu paquete. Siempre lo reciben, pero no es garantía, porque no hay recibo. Te alejas confiado de que realmente te afectará”, dice con tristeza.

La mujer había cerrado la pupusería mientras Roberto aún estaba en prisión, para retomarla una vez fuera liberado. “Dije, bueno, para que se mantenga fuerte no le faltará comida. Aunque coma poco, aparte de lo que le deben dar”. Diabético e hipertenso, Reyes descubrió que su compañero era trasladado de celda en celda pero siempre dentro del área identificada por los familiares para los enfermos. “Mi consuelo es que ha sido que ya que estuve allí me gustaría que le brindaran asistencia médica para sus condiciones de salud”. Lo preguntó en todo momento. Siempre la misma respuesta: “Está bien”.

Verónica Reyes en su casa de la comunidad 22 de Abril, en Soyapango.Gladys Serrano

“Así fue mes tras mes con los paquetes. No hubo información sobre los detenidos. Nunca recibí una llamada del abogado del gobierno. Nunca pude hablar con Roberto. “Nunca pude verlo”. Llegó hasta el 27 de enero de 2024. Recibió la llamada del penal de Izalco a las 10:00 de la mañana. No le dieron mucha información. Su pareja había fallecido en el hospital Saldaña de San Salvador y ella tenía que ir a buscarlo. “Cuando tuvimos que reconocerlo… era una persona, pero en estado de calavera. O sea, de nada sirvió que cada 15 días me esforzara por llevarle comida. No ayudó en absoluto. Su piel, esa piel de sus brazos, estaba adherida a sus huesos. La piel de su rostro descansaba sobre su cráneo. Cuando lo descubrieron era un esqueleto. No había comido, no lo sé desde entonces.” Verónica ahora simplemente llora.

Recibirás los resultados de la autopsia en un mes y la evaluación hospitalaria en aproximadamente 10 días. Por el momento sólo cuenta con un documento escrito a bolígrafo donde el jefe del Instituto de Medicina Legal escribió a modo de dictamen forense: “Murió por edema pulmonar (causa preliminar, a la espera de informe de estudios complementarios)”. Verónica Reyes cree que no recibir atención médica en prisión podría haber complicado su salud. El infierno en las cárceles de Bukele no es un secreto: varios informes de organizaciones y sobrevivientes denuncian que los presos tienen que dormir de pie por falta de espacio, que los golpes son frecuentes, que nunca salen de la celda ni ven la luz, que reciben agua fría mangueras, descargas eléctricas, que no comen y no tienen derecho a medicamentos.

“Si hubiera empeorado, le hubiera podido llevar algún medicamento, porque muchos dicen que no tienen suficiente para el tratamiento. Pero nunca recibí ningún aviso”. Gritar. Reiteran las consecuencias: “Mi pareja murió en esas condiciones inhumanas. Sin derecho a defenderse, a tener un juicio donde se presentaran pruebas y documentos, para demostrar si era culpable o no. Lo único que me dijeron fue que las audiencias eran para el 2025, ¿cómo iba a durar tanto?

Verónica dice que está segura de que votará el domingo. No quiere que la historia de Roberto se repita. Aunque admite que tiene miedo, por él y por su hijo, estudiante de aeronáutica. “Hablar mal del régimen es como un delito. Hablas mal y te echan del régimen. Afirmas el régimen. Aún hoy, si mi hijo sale, no estoy seguro de qué pasará afuera cuando no esté yo, donde no lo vea, porque ahora se los llevan aunque no tengan ningún delito. Entonces ¿qué garantía tenemos de seguridad? Creo que esto no es seguridad”.

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By México Actualidad

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