“Tuve que pasar de víctima a activista para que no se repita lo que me ha tocado vivir”, dice Carmen Sánchez (Ixtapaluca, Estado de México, 39 años). En febrero de 2014, su expareja y padre de sus hijos, Efrén García, le arrojó ácido en la cara y el pecho. Sánchez lo había denunciado previamente por sustracción de menores, violencia sexual y familiar y, un año antes del ataque con corrosivo, la había apuñalado cuatro veces. Ahora, García ha sido condenado a 46 años y ocho meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio. Esta es una sentencia histórica, la primera en América Latina que sanciona este tipo de ataques de manera ejemplar.
La contundencia de la Justicia ha sorprendido a Sánchez, cansado de lidiar durante nueve años con un sistema judicial “corrompido por el machismo”. “Mi atacante estuvo libre durante siete años. Y dos en espera de sentencia. ¿Te imaginas saber que lo puedes encontrar en la calle y que esta vez te puede matar? ”, dice ella, en una conversación telefónica con este diario. Según la Fundación Carmen Sánchez —creada por ella misma en 2021, de la mano de la activista Ximena Canseco— las denuncias de estos ataques siguen en impunidad en más del 90% de los casos. “Nuestros atacantes están tratando de acabar con nuestras vidas, no son simples heridas. Y cuando hemos denunciado esto ha quedado impune durante años”, apunta. Ha reaccionado con cautela a la sentencia de la Corte Superior de Justicia del Estado de México, asegura, porque su expareja aún puede apelar la sentencia.
Carmen Sánchez denuncia que históricamente las leyes se han mantenido “impertérritas” ante los ataques a las mujeres, y pone un ejemplo: usar ácido para alterar una moneda metálica está penado con hasta 12 años de prisión en México, pero un ataque que deja una cicatriz permanente en la cara se castiga con un máximo de seis años de prisiónsegún el Código Penal vigente.
La lucha de la activista mexicana por alcanzar esta histórica sentencia ha incluido una ardua batalla política y judicial para lograr que se detenga a su agresor -fue detenido siete años después del atentado- y cambiar que los ataques con ácido no sean considerados solo un delito de lesiones, como sucede en la mayor parte del país, sino como tentativa de feminicidio. La meta está más cerca desde este mes de marzo, gracias a un reforma al codigo penal nacional (hoy a falta de su tramitación en el Senado) que eleva las penas hasta 15 años de prisión. Además, incluye una de las principales peticiones de la Fundación Carmen Sánchez: el acceso de las víctimas a cirugías reconstructivas.
En México, el uso de ácido para alterar una moneda metálica se castiga con hasta 12 años de prisión. Por el contrario, un ataque con ácido que deje una cicatriz permanente en la cara se penaliza con un máximo de seis
“Mi agresor no solo me arrancó la piel de la cara, sino que me quitó toda mi libertad”, lamentó Sánchez en marzo, en una entrevista telefónica previa, desde su casa en la Ciudad de México. Se refería a las 64 cirugías de reconstrucción a las que ha tenido que someterse en los años transcurridos desde el ataque. Este miércoles tiene programado otro, el número 65.
Actualmente, el sistema de salud mexicano se enfoca en salvar la vida de los sobrevivientes de ataques con ácido a través de batas quirúrgicas para remover el corrosivo y evitar que avance hacia la laringe, faringe u ojos, causando mayores daños. Pero no destina apoyo para cirugías de reconstrucción que faciliten la reintegración a su vida anterior. La dermatóloga Isela Méndez, que ha atendido gratuitamente a una decena de víctimas, destaca que los sobrevivientes sufren rechazo y discriminación social.
Sánchez es la primera de 10 mujeres que Méndez ha visto en su oficina. “Después de ayudarla, aparecieron mujeres que habían estado encerradas hasta 34 años pensando que eran las únicas”, recuerda por teléfono desde su clínica en Polanco, uno de los barrios más ricos de la capital mexicana. La reconstrucción y reparación de la zona afectada es casi inaccesible para las víctimas: cuestan, según Méndez, en torno a un millón de pesos mexicanos (unos 50.000 euros), dependiendo de la complejidad de las lesiones. Pero, además, el dermatólogo explica que los afectados necesitan injertos, terapias con láser, enzimas o ácido hialurónico para recuperar la gesticulación y la simetría facial. “Solicitamos que la reparación se haga de manera integral, que tengan acceso a hospitales, terapias de rehabilitación, reparación física y emocional”, subraya.
Recién en 2022, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujer (Banavim) registró 222 denuncias por amenazas uso de productos químicos o ácidos en México. La Fundación Carmen Sánchez hace su propia cuenta: 105 agresiones el año pasado, 85% a manos de hombres. Más de la mitad había mantenido alguna relación sentimental con la víctima. Ximena Canseco, mano derecha de Sánchez, aclara que sus cifras no muestran la magnitud real del problema porque ni las autoridades locales ni el gobierno central tienen un registro específico.
De los más de 1.500 ataques con ácido anuales en el mundo registrados por la ONG británica Acid Survivors Trust Internacional, alrededor del 80% están en contra de las mujeres. Sánchez, de la mano de los otros siete supervivientes con los que inició su fundación, lo tiene claro: el objetivo de estos ataques es siempre quitarles la identidad. “El interés es acabar con la imagen de la mujer y aislarla, porque el 90% de los ataques van a su cara. Con eso, en realidad acaban con nuestras vidas, nos encontramos atrapados entre hospitales, aislados de la sociedad, incluso desempleados. No somos una simple cicatriz en la cara, llevamos las huellas de la violencia en la cara”, explica. “No basta con estar vivos: luchamos por todo lo que nos quitaron”.
Sánchez también batalla contra la mirada social. “Intentan colocarnos como merecedores de este castigo. Incluso nos encontramos con personas que nos dicen que nos lo merecíamos por ser ‘malas mujeres’. Por ello, la activista dedica su tiempo a visibilizar estos hechos violentos no solo ante las autoridades nacionales sino también ante la sociedad. “Se utiliza el ácido y otros químicos corrosivos como arma de control y manipulación para que las mujeres sigan en una relación de maltrato y abuso, para que no las denunciemos y no seamos libres. Ante los ataques, nos dicen que es culpa nuestra; que si no somos de ellos, no seremos de nadie”.
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