(CNN Español) — El drama de los desaparecidos en México alcanza nuevas víctimas: la de las madres buscadoras que también desaparecen o son amenazadas.
El caso más reciente ocurrió el 17 de julio en el estado mexicano de Guanajuato, cuando la comisión estatal de búsqueda de personas de esa entidad reportó la desaparición de Catalina Vargas, una mujer de 60 años integrante del Colectivo Unido por los Desaparecidos de León, quien desde 2020 busca a su hijo, Luis Antonio Rodríguez Vargas.
Rocío Gómez, compañera de Vargas en el colectivo, dijo a CNN que la mujer había denunciado agresiones en el edificio donde vivía y que hasta el momento se desconoce si su desaparición está vinculada a su actividad como madre de búsqueda.
“Habló con sus hijas diciendo que había ido a su casa, a su apartamento, y que se había dado cuenta que le habían quitado sus pertenencias, no sé qué se llevaron, y que quería entrar y que no la dejaban, entonces fue la última vez que se supo de ella”, dijo en la entrevista.
Denuncian desaparición de madre buscadora en estado mexicano de Guanajuato
El secretario del Ayuntamiento de León, Daniel Jiménez, dijo a medios locales que las autoridades correspondientes trabajan en la búsqueda de Vargas y espera poder encontrarla pronto. La Fiscalía Especial ya emitió un expediente sobre el caso y anunció que está investigando.
“La información que dio la familia está ayudando. Está en proceso, esperamos que se pueda encontrar en breve y que esté en buenas condiciones”, agregó.
El caso de Vargas se suma al de otras madres que han sido amenazadas o incluso desaparecidas, en casos que las autoridades investigan sin tener constancia oficial de cuántas han sido perseguidas y por qué motivos.
Una situación que preocupa, pero no intimida a los buscadores, según dijo a CNN Juan Gonzalo Moreno Márquez, integrante del Colectivo Madres Unidas y Fuertes. Moreno Márquez y su esposa buscan a su hijo Kevin, quien desapareció hace 18 meses en su segundo día de trabajo en un centro nocturno de Mexicali, la capital del estado de Baja California.
Cientos de madres de desaparecidos protestan en la Ciudad de México para exigir Justicia, el 10 de mayo de 2022. (Crédito: Luis Barron/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images)
Según afirma, en este proceso de búsqueda él y su esposa han tenido que aprender de leyes y pruebas periciales, obligados por lo que él llama “la inacción de las autoridades”.
“Pasaron casi cuatro meses en los que dejamos trabajar a las autoridades, cuatro meses muy complejos para nosotros porque tenían que ver con errores, pifias y fracasos, lo vimos y lo vivimos. Entonces empezamos a desarrollar nuestro propio trabajo, a tomar cursos ya graduados, a capacitarnos para saber cómo integrar un portafolio y cuál es la línea de investigación. Después nos formamos en antropología forense, en materia de cadáveres, y nuestro caso es similar al de muchas madres y padres buscadores”, dijo.
Después de trabajar sola, dice que decidieron unirse al colectivo Madres Unidas y Fuertes de Baja California. Agrega que con ellos iniciaron la búsqueda en las calles y en los inmuebles donde se reportó la existencia de fosas clandestinas.
“Sabemos que nuestro hijo o hija, hermano, madre o padre de alguien puede estar ahí, y ese es el trabajo puntual que vamos a seguir haciendo, pase lo que pase”, dice.
Padres, madres y familiares salen a la calle con las fotografías de sus desaparecidos. Gritan sus nombres como si pudieran oírlos y regresan. Pegan carteles con sus rostros en espacios públicos, por si alguien los ha visto. Los quieren vivos, aunque también saben que pueden estar muertos.
Por ello, revuelven con sus propias manos el terreno de los cementerios clandestinos que localizan gracias a las coordenadas que, en algunas ocasiones, reciben a través de llamadas anónimas.
“Los grupos vienen a responder a una necesidad latente de búsqueda, una necesidad de satisfacer un derecho constitucional como es el acceso a la verdad, para saber qué pasó con nuestros hijos. Es una mezcla de tristeza y coraje que se ha formado en estos grupos”, reflexiona.
cementerios clandestinos
Moreno Márquez participa esta semana en la recuperación de cuerpos ubicados en cinco fosas de la colonia Miguel Alemán de Mexicali, de donde ya se habían recuperado 15 cuerpos hasta el jueves pasado.
Lo que él llama un “cementerio de la droga” está ubicado en una zona fronteriza entre Baja California y Sonora, “una zona con un alto índice delictivo por la presencia de grupos armados pertenecientes a diferentes cárteles de la droga”.
Asegura que este hallazgo rompe paradigmas porque frecuentemente se ubican cuerpos expuestos durante mucho tiempo en una misma fosa, y ahora lo que han encontrado son varias fosas individuales con cuerpos que parecen tener poco tiempo de evolución.
López Obrador informa que se realizará un nuevo censo de personas desaparecidas en México
“Si ellos (los delincuentes) vinieron a nuestra casa a robarnos a nuestros hijos, vamos a ir a esas áreas donde se sienten cómodos trabajando, los vamos a buscar y sacar de las madrigueras donde andan estos cobardes, porque eso es lo que son, cobardes que atacan a personas inocentes y desarmadas porque saben que tienen esa ventaja”, concluye Moreno Márquez con la voz quebrada.
En paralelo y en un trabajo similar, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, estado mexicano fronterizo con Estados Unidos, localizó once fosas clandestinas con al menos 27 cuerpos, dijo a CNN José Andrés Méndez Nieco, miembro del grupo.
“Tres cuerpos ya fueron identificados por sus familiares, solo falta hacer las comparaciones de ADN y el perfil genético para que puedan ser entregados a sus familiares”, informó Méndez Nieco.
El 11 de julio, policías de Jalisco fueron emboscados y atacados con artefactos explosivos cuando respondían a un reporte de localización de fosas clandestinas. Seis personas murieron en el ataque: cuatro policías y dos civiles, mientras que otras 12 resultaron heridas.
Por este caso y el de los más de 100,000 desaparecidos en México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU instó a México a adoptar e implementar una política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones.