La violencia arrecia contra los periodistas en México: cada 13 horas hay un ataque contra la prensa

El cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez fue encontrado en una zona rural de Tepic, capital de Nayarit, dentro de una bolsa de plástico, esposado y con un mensaje clavado con un cuchillo en el pecho. Mostraba signos de tortura. El reportero, corresponsal de periódico El dia, fue secuestrado violentamente de su casa la noche del 5 de julio y su asesinato marca un mes sangriento para la prensa en México: diez días después otro reportero, Nelson Matus Peña, fue atacado a balazos mientras esperaba en un local comercial de Acapulco. Sánchez y Matus son las víctimas más recientes de una imparable ola de violencia que afecta a la prensa mexicana y que en lo que va del año se ha cobrado la vida de siete comunicadores, mientras que 41 periodistas ya han sido asesinados por ejercer su profesión durante el actual sexenio. El 98% de estos crímenes quedan en la impunidad. “No hay voluntad política para esclarecerlos”, dice Paula Saucedo, oficial de programas para la protección y defensa de los Artículo 19una organización que vela por la seguridad de los reporteros.

Desde Artículo 19 advierten que México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para ejercer el periodismo. La nación norteamericana supera incluso a países que sufren conflictos armados o regímenes autoritarios. Sus estadísticas muestran que cada 13 horas hay un ataque contra la prensa en México, desde amenazas, agresiones, robo de equipos, hostigamiento judicial, campañas de desprestigio hasta actos brutales como secuestros y asesinatos. En el caso de los secuestros, afirma Saucedo, el nivel de impunidad es total.

Antes de ser asesinado, Luis Martín Sánchez fue secuestrado de su casa. Su esposa, Cecilia López Aguilar, dijo a la prensa local que el reportero la acompañó a visitar a sus familiares en el municipio de Acaponeta, en Nayarit. Luego de dejar a su pareja con la familia, Sánchez regresó a su casa, en la comunidad de El Armadillo. La noche del 5 de julio fue el último contacto que tuvieron con el reportero, quien, según El diaLes dijo que había llegado a casa sano y salvo. Esa misma noche, el periodista fue secuestrado violentamente y desaparecido. Los restos de Sánchez fueron encontrados un día después y las autoridades locales informaron que la principal línea de investigación en las pesquisas está “relacionada con la labor periodística”. la redacción de El dia ha sido duramente golpeada por la violencia dirigida contra los reporteros. En 2017, su corresponsal, Miroslava Breach Velducea, fue asesinada en Chihuahua, y en mayo de ese año, Javier Valdez Cárdenas, corresponsal en Sinaloa y quien había realizado una intensa labor periodística denunciando la narcoviolencia, fue asesinado a balazos.

Apenas diez días después del asesinato de Sánchez, el 15 de julio, unos sicarios le quitaron la vida al periodista Nelson Matus Peña, en Acapulco. Matus estaba en su auto, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, cuando fue atacado alrededor de las 3:30 p. m. El reportero, director del portal en línea Lo Real, quedó tirado en el vehículo ensangrentado. No era la primera vez que Matus era víctima de un atentado: Artículo 19 ha documentado quien en 2019 fue atacado a balazospero no lograron herirlo y los sicarios huyeron a bordo de un vehículo.

Sánchez y Matus son las víctimas más recientes de esta sangría contra los reporteros. Human Rights Watch ya ha documentado siete asesinatos de reporteros en lo que va del año. La primera asesinada fue la periodista independiente Abisaí Pérez Romero, en Hidalgo, el 13 de febrero. La joven de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vía vecina del municipio de Tula, también era una activista beligerante y había denunciado delitos ambientales en Tula, designada en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la ciudad más contaminada del mundo. El crimen queda impune. Ese mismo mes, el fotoperiodista José Ramiro Araujo fue asesinado a puñaladas por dos adolescentes en Ensenada, Baja California. Araujo tenía una revista digital llamada Sol de Ensenada desde la cual publicaba su información.

El fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes Reyes, de 43 años, fue encontrado muerto en su departamento de Ciudad de México el 17 de marzo. Las autoridades han indicado que la muerte pudo haber sido causada por un robo, ya que dos hombres ingresaron a la casa del periodista y robaron su equipo antes de asesinarlo. En mayo hubo dos homicidios contra reporteros: Gerardo Torres Rentería, de 59 años, quien había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, fue baleado por un grupo de personas en su propia casa. Y el 23 de mayo, el informante Marco Aurelio Ramírez, de 69 años, recibió varios disparos cuando salía en automóvil de su casa en Puebla.

“Estamos muy preocupados por este nivel de violencia contra los periodistas en México. Sí, es uno de los países más mortíferos para ejercer la profesión”, reitera Paula Saucedo, de Artículo 19. “La prensa no puede realizar su trabajo con seguridad en México”, afirma. Saucedo dice que los reporteros mexicanos no confían en el sistema de justicia y por eso la mayoría decide no denunciar cuando son víctimas de agresiones. Y las estadísticas les dan la razón: el nivel de impunidad en los asesinatos de reporteros es del 98%. “No denuncian porque creen que no pasará nada”, explica Saucedo. “Además, no existen garantías reales de protección ni de no repetición”, añade.

Los activistas del Artículo 19 han documentado que la mayor parte de la violencia contra los informantes proviene de funcionarios públicos, principalmente a nivel local. Los pueblos pequeños, donde la mayoría de la gente se conoce, se convierten en un infierno para los reporteros cuando investigan y denuncian los abusos de poder. El segundo grupo que más acosa a los periodistas es el de los particulares, algunos empresarios o aquellos que se han sentido agredidos por la información publicada. Y luego está el crimen organizado, que comete los ataques más graves. “La verdad es que el crimen organizado opera en ausencia del Estado o en connivencia con las autoridades”, explica Saucedo.

Frente a la brutal violencia que asola a la prensa, la campaña de desprestigio del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador no ayuda. El presidente utiliza sistemáticamente su rueda de prensa diaria, coloquialmente conocida como La Mañanera, para atacar a periodistas y medios críticos con su gestión. “La gran mayoría de los medios de información, que son realmente medios manipuladores, están abiertamente en nuestra contra. Es una guerra sucia de todos los medios”, dijo el presidente el 19 de julio. López Obrador anunció el viernes una nueva sección en su conferencia diaria que ha denominado no lo digo, con el objetivo, explicó, “de dar a conocer lo que se esconde en los medios convencionales”. Según López Obrador, “hay muchas cosas que la radio, la televisión y los diarios no transmiten, porque no les conviene”. Este nuevo espacio nace tras el ya famoso ¿Quién es quién en las mentiras?que supuestamente ha funcionado como una especie de verificación de la información publicada por los medios.

Al declarar enemiga a la prensa y desatar toda una campaña de desprestigio contra los periodistas, el presidente “es contrario a las obligaciones que tiene como funcionario público, porque un servidor debe ser más tolerante al escrutinio”, dice Saucedo. “El hecho de que el presidente estigmatice a la prensa envía un mensaje diferente al que se necesita en un país donde los periodistas son atacados todos los días. La observancia de la prensa es legítima, pero no es el Estado quien debe evaluar su labor. Esto me recuerda las posiciones de Donald Trump o Jair Bolsonaro hacia los medios. El jefe de Estado que es muy popular aumenta los riesgos contra la prensa cuando hace un discurso tan fuerte”, agrega.

Mientras el presidente y los medios mantienen una guerra abierta, los periodistas luchan todos los días por mantenerse a salvo en un país cuya violencia campa a sus anchas. De 2000 a 2022, 157 periodistas han sido asesinados en México, según cuenta Artículo 19. El año pasado fue el más mortífero, con 17 reporteros asesinados. Para Saucedo, es una negligencia de las autoridades, al no poder organizar una respuesta que permita a los periodistas ejercer su profesión con seguridad. Señala la falta de coordinación entre fiscales, la falta de independencia de algunos fiscales, la saturación que sufren estas instituciones por la crisis de derechos humanos que atraviesa México, y también la corrupción presente en las instituciones públicas. “Tiene que haber instituciones independientes, que tengan recursos, mejor capacidad forense. Pero no hay voluntad política. Las prioridades del gobierno son otras, como dar más presupuesto a la Guardia Nacional y a los militares que a la protección de los derechos humanos”, critica Saucedo.

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