El Comité Técnico de Evaluación tiene previsto comunicar este lunes los listados definitivos de quienes aspiran a ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso señalado por discursos de austeridad y por críticas relativas a la falta de claridad en los criterios de evaluación. Esta resolución allanará el camino para que la Cámara de Diputados emita su voto a más tardar el miércoles.
De qué manera se integrarán las quintetas y qué aspectos se determinarán
El procedimiento señala que, de los 50 perfiles con desempeño más destacado en las diversas fases, se seleccionarán 15 nombres para conformar tres quintetas: una integrada únicamente por hombres, otra compuesta solo por mujeres y una tercera con posibilidad de ser mixta. En esta última surge un dilema central: decidir si se elige a una mujer para mantener la mayoría femenina en el Consejo General o si se asigna ese lugar a un hombre, alterando así el equilibrio vigente. Más allá del formato establecido, lo que realmente se disputa es el rumbo que tomará el órgano árbitro en la próxima década, ya que las tres personas designadas asumirán un periodo de nueve años y deberán afrontar, entre otros retos, el proceso federal de 2027, anticipado como uno de los más complejos por su escala logística y regulatoria.
El trayecto previsto para estos días resulta especialmente apretado. Luego de que se presentaran las quintetas el lunes, se anticipa que la Cámara de Diputados someta el tema al pleno a más tardar el miércoles. El ritmo acelerado no ha despejado las dudas que rodean el procedimiento: ¿qué criterios se emplearon para valorar la idoneidad? ¿En qué medida influyeron realmente la imparcialidad y la trayectoria electoral? Y, sobre todo, ¿cómo se explicaron las calificaciones que finalmente permitieron o bloquearon el avance hacia la etapa definitiva?
La austeridad se erige como una clave discursiva central en las entrevistas
Una constante en las comparecencias fue la insistencia en recetar más ahorro, compactación del gasto y combate a la corrupción. El tono no es nuevo: en procesos previos, la promesa de recortar costos y “evitar duplicidades” se convirtió en un atajo discursivo que ayudó a más de una candidatura; sin embargo, ya en funciones, pocos tradujeron aquellas consignas en rediseños presupuestales con métricas verificables. En esta ocasión, buena parte de quienes alcanzaron las mejores calificaciones sintonizaron con el énfasis del Ejecutivo federal y con el espíritu de recientes propuestas de reformas electorales: privilegiar la eficiencia del gasto y reducir remuneraciones consideradas excesivas.
El caso de Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos, ilustra el fenómeno. Con cercanía política a la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación, subrayó la necesidad de recortar privilegios en la alta burocracia del INE para “enriquecer la democracia” mediante un uso austero de los recursos. La formulación, contundente en lo retórico, no alcanzó a delinear una hoja de ruta concreta para resguardar la calidad de la organización electoral mientras se aplican tijeras al gasto.
En la misma línea, Pluvio Rivera, coordinador de enlace político en la Secretaría de Medio Ambiente, colocó el combate a la corrupción como eje del fortalecimiento institucional. Señaló que la sociedad demanda un órgano de decisión electoral vigilante de prácticas indebidas. La tesis es atendible, pero volvió a quedar pendiente la ingeniería fina: qué herramientas, con qué calendario y bajo qué indicadores se medirían los avances.
También Wilfredo Román Morales Silva, consejero electoral en Sonora y cercano a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, apeló a la directriz de que “nadie gane más que la Presidenta”, insistiendo en que la administración pública y los órganos autónomos deben “hacer más con menos”. El punto más sensible de su planteamiento fue la sugerencia de ajustar remuneraciones en el INE; nuevamente, sin detallar cómo preservar capacidades técnicas críticas —como la logística de capacitación, la operación de sistemas o la verificación de cómputos— si se deprime el atractivo para perfiles altamente especializados.
Experiencia, imparcialidad y vacíos de forma que encendieron alertas
Junto con el coro por la austeridad, emergió otro foco de atención: la falta de trayectoria electoral de varias candidaturas que, pese a ello, llegaron a las rondas decisivas. A esto se suma el activismo político en redes sociales de algunas y algunos aspirantes, con manifestaciones abiertas de apoyo a figuras como Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador o al partido Morena, lo que tensiona el requisito de imparcialidad establecido en las bases. La inquietud no es menor si se considera que la función de consejería exige independencia de criterio frente a todas las fuerzas políticas.
En el plano procedimental, también hubo tropiezos. Varias personas que avanzaron a etapas superiores se atoraron al responder preguntas técnicas o simplemente las eludieron, dejando amplios espacios de su tiempo sin aprovechar. La funcionaria del INE María Fernanda Romo Gaxiola —identificada como cercana a Taddei— y el magistrado Armando Ambriz Hernández —amigo del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal— fueron señalados porque concluyeron antes de agotar la mayor parte del tiempo disponible. En otra escena llamativa, a Arturo Chávez se le cuestionó sobre financiamiento ilícito en campañas y reencauzó su respuesta hacia críticas a la burocracia, sin entrar al fondo del tema planteado.
Estos episodios, sumados al hermetismo en torno a la metodología de evaluación, fortalecieron las suspicacias. El Comité Técnico de Evaluación no ha divulgado con suficiente precisión cómo ponderó la idoneidad técnica, la experiencia verificable y la neutralidad, ni por qué algunos perfiles superaron el filtro a pesar de exhibir vacíos frente a cuestiones sustantivas de la materia electoral.
La acción afirmativa que quizá resulte insuficiente y la impugnación que continúa en marcha
A la par, el proceso también atraviesa un desafío legal. Durante el fin de semana, Óscar Daniel Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de Coahuila, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para impugnar la lista de 50 finalistas. Su planteamiento principal sostiene que el Comité Técnico no acató la resolución de la Sala Superior, la cual ordenaba incorporar en cada una de las tres quintetas, como mínimo, a una persona perteneciente a grupos históricamente discriminados como parte de una acción afirmativa obligatoria.
Según plantea Rodríguez, la integración propuesta por el Comité apenas incorporó a dos personas que se autoadscriben a estos grupos por la vía de discapacidad. Si esa configuración se mantiene, solo dos de las tres quintetas cumplirían con el mandato, dejando a una sin la representación requerida. Desde su óptica, esto no solo vulnera su participación en lo individual, sino que constituye una afectación colectiva a quienes, habiendo sido considerados idóneos, quedarían fuera por no haberse aplicado cabalmente la acción afirmativa. La resolución judicial que derive de este reclamo podría incidir en los tiempos o, incluso, forzar un ajuste de última hora en las listas.
El fondo del debate es más amplio que un mero requisito de forma. Se trata de dar contenido real a la diversidad en órganos colegiados que toman decisiones de alto impacto público. Las acciones afirmativas pierden sentido si quedan como casillas simbólicas; su eficacia depende de una implementación que cumpla el estándar mínimo en cada bloque de elegibles, justo lo que aquí se discute.
Austeridad sí, pero con garantías para la calidad electoral
El clamor por “evitar duplicidades”, “hacer eficiente el gasto” o “construir un INE más austero” marca la conversación pública, pero la discusión seria no puede limitarse a consignas. En realidad, la autoridad electoral gestiona procedimientos que exigen un sólido soporte técnico y competencias especializadas: creación y resguardo del material electoral, capacitación extensiva del funcionariado de casilla, operación de sistemas informáticos de alta disponibilidad, supervisión de tiempos oficiales, labores de fiscalización y la atención de cientos de miles de actos procedimentales en cada proceso. La eficiencia no solo es alcanzable, sino deseable, siempre que vaya acompañada de rediseños que preserven la calidad y la independencia institucional.
Una ruta seria tendría que incorporar metas de ahorro cuantificables con una línea base definida, incluir auditorías de procesos que revelen verdaderos cuellos de botella, asegurar la interoperabilidad de sistemas para eliminar duplicidades sin mermar los controles y, ante todo, establecer blindajes que impidan que los ajustes presupuestales se usen como excusa para vulnerar funciones esenciales. La experiencia internacional muestra que los recortes aplicados sin planificación suelen resultar costosos: deterioran la memoria institucional, provocan la rotación de personal estratégico y generan ventanas de riesgo operativo justamente en los momentos más delicados.
La votación en Diputados y el desafío de 2027 a la vista
Con la presentación de quintetas prevista para este lunes y la votación en el pleno programada, a más tardar, para el miércoles, la Cámara de Diputados tendrá la última palabra. De la selección resultará un trazo de largo alcance sobre el que se empeñarán, entre otras responsabilidades, la preparación y conducción de la elección de 2027. Ese proceso se perfila complejo por la concurrencia de comicios, la magnitud del padrón, la necesidad de reemplazos y mantenimientos tecnológicos, y la validación de cada etapa con tiempos cada vez más constreñidos.
La solidez del Consejo General que surja de esta renovación no dependerá únicamente del prestigio individual de sus nuevas integrantes, sino de su capacidad para trabajar con criterios técnicos, sostener la imparcialidad frente a presiones políticas y comunicar con claridad a la ciudadanía. Una institución que resuelve bien es aquella que explica bien por qué y cómo decide. El déficit de transparencia en la evaluación inicial no debe replicarse en la conducción cotidiana del órgano colegiado.
Los resultados que arroja esta fase y los aspectos que aún requieren ajustes
El proceso rumbo a las quintetas arroja cuatro lecciones inmediatas. Primero, la necesidad de publicar con mayor detalle las metodologías de calificación, de modo que la ciudadanía pueda auditar no solo los resultados, sino la lógica detrás de ellos. Segundo, la conveniencia de reforzar criterios de imparcialidad y experiencia para evitar que el perfilamiento dependa desproporcionadamente de afinidades políticas o de destrezas retóricas. Tercero, la urgencia de que las acciones afirmativas sean aplicadas a cabalidad en cada bloque, sin atajos ni interpretaciones restrictivas. Y cuarto, la conveniencia de que las y los aspirantes traduzcan el discurso de austeridad en propuestas operativas con metas, cronogramas y salvaguardas explícitas para la integridad de las elecciones.
Si se abordan estos puntos, el debate puede dejar de centrarse en la desconfianza y orientarse hacia un proceso de mejora institucional constante, donde la ciudadanía, sin exigir perfección, sí demanda normas precisas, procedimientos uniformes y resultados comprobables, un estándar que una autoridad electoral moderna debería adoptar plenamente.
Un cierre abierto: expectativa por las listas y la votación final
La entrega de las quintetas este lunes se perfilará como un momento decisivo, pues desde entonces el debate dejará de moverse en lo teórico y empezará a centrarse en perfiles y trayectorias específicas. En disputa estará no solo la integración del Consejo General, sino también la solidez de un método que busca armonizar mérito, representatividad y autonomía. Aunque la Cámara de Diputados contará con un margen temporal reducido, asumirá plenamente la responsabilidad política de garantizar que la elección final respete esos principios.
Si el proceso logra orientarse mediante reglas claras, con apego a acciones afirmativas y criterios técnicos por encima de cualquier consigna, el INE podrá llegar a 2027 con bases más sólidas; pero si, en cambio, las decisiones permanecen envueltas en falta de transparencia y se antepone la consigna a la solvencia, se generarán inquietudes innecesarias que terminarán afectando la confianza pública. En los próximos días surgirán indicios decisivos sobre cuál de estas dos rutas terminará imponiéndose.
