Un juez federal ordenó que el exfiscal anticorrupción de Chihuahua Francisco González Arredondo sea liberado de prisión preventiva y permanezca en libertad en el proceso que se abrió en su contra por presuntamente haber torturado psicológicamente a cómplices de actos de corrupción del exgobernador priísta César Duarte. González Arredondo fue ingresado el 21 de noviembre de 2022 al penal estatal Aquiles Serdán, mismo donde se encuentra recluido el expresidente, para esperar allí a que la Fiscalía del Estado concluya la investigación en su contra y dicte sentencia. Desde entonces, la defensa del exfiscal impugnó la medida de prisión preventiva impuesta por un juez de Chihuahua, por considerarla excesiva y una violación a los derechos humanos de González. El juez federal Vladimir Véjar Gómez, titular del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, ha invalidado este miércoles esta sanción y ha dictado nuevas medidas cautelares para el exfiscal, como comparecer quincenalmente a firmar en el juzgado, pagando una garantía de 100.000 pesos, entregar su pasaporte y visa estadounidense y no salir del país.
Sin embargo, miembros de la defensa de González han confirmado a EL PAÍS que el Poder Judicial de Chihuahua ha dictado otra orden de captura contra el exfiscal, esta vez por presunta extorsión, que podría ser ejecutada por el Estado para evitar que González salga del encarcelamiento, ya que se resolvió por el juez federal en una causa penal —la de la supuesta tortura— no es aplicable a la otra. Esta nueva orden de detención, que lleva semanas en vigor, según las fuentes, puede ejecutarse en cualquier momento.
Los abogados de González han acusado desde el primer día que el proceso en su contra es un vendetta de la actual gobernadora de Chihuahua, panista María Eugenia Marú Campos Galván. Las investigaciones encabezadas por el exfiscal no solo documentaron el monumental saqueo de recursos públicos —de 6.000 millones de pesos— durante la administración Duarte (2010-2016), sino que también revelaron los nombres de los funcionarios que colaboraron en los actos de corrupción y los de los políticos que se beneficiaron. En uno de los expedientes elaborados por la fiscalía de González, popularmente conocida como la nómina secretaMaru Campos fue acusada de haber cobrado sobornos a Duarte por 10 millones de pesos entre 2014 y 2016, cuando era diputada local y vicecoordinadora de legisladores del PAN.
El expediente abierto contra el exfiscal anticorrupción por tortura psicológica abrió un frente entre el Gobierno de Maru Campos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en diciembre pasado que se había desatado una persecución en Chihuahua contra funcionarios que se atrevieron a investigar las desviaciones de fondos en el duartismo. El mandatario solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el expediente, con base en una disposición legal que indica que la investigación en materia de tortura es competencia federal.
La Fiscalía de Chihuahua y el Poder Judicial del Estado se negaron inicialmente a entregar la carpeta de investigación, lo que dio lugar a un “conflicto de competencias”. Un tribunal colegiado resolvió el 3 de marzo, de manera definitiva, que correspondía a un juez federal iniciar el proceso contra González. Fue a raíz de esa resolución que el juez Véjar Gómez lideró este miércoles la audiencia en la que dejó sin efecto la medida de prisión preventiva dictada contra el exfiscal. González salió del edificio de la justicia federal y ya no fue trasladado al penal Aquiles Serdán. Fue a encontrarse con su familia.
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