La semana comenzó con una masacre. Once personas asesinadas a tiros en sus casas: las últimas víctimas de la guerra entre cárteles que se ha apoderado de Chiapas y ha puesto a prueba a sus habitantes. En febrero, un informe de asociaciones civiles lo definió como “un conflicto armado no reconocido” desde junio de 2021, ante la pasividad de las autoridades y la versión oficial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de los países más pobres de México. zonas, Rutilio Escandón, que habla de una región en paz. Este jueves, López Obrador matizó su discurso ante la evidencia: reconoció el desplazamiento de la población, al menos 10.000 personas que abandonaron forzadamente sus hogares, y declaró: “Esa zona tiene problemas de inseguridad”.
La Iglesia católica también expresó su opinión este miércoles, en una carta de los obispos de Chiapas, sobre “la ola de violencia presente en nuestras diócesis, que desestabiliza a la sociedad y que muchas veces es generada por el crimen organizado; la presencia de corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que causa mucho daño al bienestar de las comunidades y familias. A estos, lamentablemente, se suman; migración, salario mínimo, precariedad, pobreza generalizada, rezago educativo y sanitario, falta de apoyo al trabajo y conciencia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (sic)”.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las dos organizaciones criminales más poderosas del país, libran una lucha incesante por el control del sureste mexicano, un territorio fronterizo poroso, fértil para actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de personas. que ha transformado a Chiapas en un campo de batalla. El frente de guerra se ubica desde hace meses en la sierra de Mariscal, donde se ubica Chicomuselo, lugar donde los delincuentes perpetraron la masacre de este lunes. La Coordinadora Nacional de Operadores Educativos (CNTE), el sindicato de docentes, anunció que la educación a distancia se realizará en comunidades serranas por temor al crimen organizado.
“Hay dos versiones, una según la cual están peleando dos grupos, es algo que viene sucediendo desde hace tiempo, desde Motozintla hasta Frontera Comalapa, toda la región. Estamos participando, está la Guardia Nacional, pero ha habido enfrentamientos y lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Ayer este enfrentamiento fue un atentado, los afectados dicen que no son parte de ningún grupo, pero hay quienes creen lo contrario, que son parte de otro grupo y se están haciendo todas las investigaciones”, dijo López Obrador temblando. la teoría según la cual las víctimas son parte del crimen organizado y no de la población civil.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), histórica en la región, defienden enérgicamente que se trató de una masacre de población civil: cinco mujeres y seis hombres, dos de ellos catequistas de la Iglesia Católica. . Incluso la prensa presente en el estado, como el periodista Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Procesos Y Paralelo de Chiapasquien se defendió en su perfil X (antes Twitter): “Los 11 muertos no eran sicarios, eran civiles asesinados en sus propias casas”.
“Lamentablemente ayer también hubo otro enfrentamiento y un elemento de las fuerzas armadas resultó herido, incluso ahí en la zona estamos tratando de restablecer el orden y proteger a la población”, dijo López Obrador. La Fiscalía del Estado ha asegurado que ya está llevando a cabo sus investigaciones. Frayba respondió en un comunicado: “El deber del Estado mexicano no debe reducirse a la apertura de un expediente investigativo, sino que debe velar por su debida diligencia, así como garantizar todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el gobierno federal como el estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la escalada de violencia en la región fronteriza y montañosa, que está causando graves daños y riesgos a la vida, la integridad física y la seguridad física, mental y emocional”. .
Violencia electoral
Según el relato elaborado por el Centro de Derechos Humanos a partir de testimonios de sobrevivientes, el pasado 10 de mayo se intensificaron los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG “en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas en el municipio de Chicomuselo”. Los combates provocaron un corte de energía, lo que interrumpió las comunicaciones con la ciudad e hizo que las noticias de la masacre tardaran en confirmarse. Varias familias huyeron. El 4 de enero, Frayba también mencionó en su comunicado otra batalla entre ambos grupos que ya había desplazado a más de 700 personas en el mismo municipio. “Este ejido se encuentra ubicado en una región estratégica para el control y extracción de recursos minerales, en este territorio se encuentra la mina de ampliación La Revancha, manejada según testimonios por grupos criminales”.
La proximidad de las elecciones, el próximo 2 de junio, también ha provocado que se dispare la violencia política contra los candidatos a la alcaldía de los pequeños municipios. Consultado en La Mañanera sobre garantizar elecciones seguras en Chiapas, López Obrador desvió la atención: “Sí se puede. He escuchado algunas voces del bloque conservador que no quieren que haya elecciones, al menos en algunas regiones, y creo que en algunos casos eso también tiene que ver con aspectos de las campañas electorales, o con la participación política, porque es Ni siquiera político”.
El mismo periodista presionó al presidente sobre la veracidad de los datos sobre asesinatos en Chiapas proporcionados por la Fiscalía Estatal. “No ocultamos absolutamente nada”, respondió el presidente. “Bueno, habrá que ver cómo reflexiona la Fiscalía de Chiapas, porque los números no cuadran”, insistió el periodista. López Obrador recurrió entonces a su útil argumento de culpar a los gobiernos del pasado: “Nada está oculto, ya no es el tiempo que era. Te entiendo, 36 años de un régimen autoritario y corrupto, un régimen que reprimió, un régimen que torturó, un régimen que masacró, un régimen que desapareció. Ahora ya no es así, imposible”.
Por su parte, los obispos también se centraron en la violencia electoral en su carta: “Creemos que en algunas regiones del estado afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que se realicen elecciones”. realizados en dichos lugares; Sin embargo, donde sea posible, debemos hacer todo lo posible por participar activa y libremente, conscientes de la responsabilidad social en la transformación de una sociedad más justa y fraterna (…) Alentamos candidatos a cargos públicos, damos propuestas concretas para responder a los más urgentes: violencia e inseguridad, narcotráfico, pobreza, explotación del territorio, migración, salud, educación. Los invitamos a no vender su dignidad, a no vender su voto porque de esta manera seguirán alimentando la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra nación”.
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