Las corporaciones encargadas de la seguridad pública en México resisten el escrutinio del uso de su fuerza. Las secretarías de Marina, de la Defensa y de la Guardia Nacional no han dado a conocer los informes detallados que por ley están obligados a realizar cuando sus miembros hagan uso de la fuerza en el desempeño de sus funciones, a pesar de que en México existen hechos como el asesinato de cinco jóvenes a manos del ejército la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde existen dudas sobre si los militares se excedieron en el uso de sus armas. Opacidad total desde la promulgación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en 2019.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también conocido como Centro ProDH, asegura que mientras la Secretaría de Marina ha señalado que sus miembros no están obligados a realizar los reportes, la Guardia Nacional los ha catalogado como reservados y la Secretaría de la La Defensa Nacional ha señalado que no existen. “Una herramienta que se suponía fomentaba la rendición de cuentas y era una garantía más para que este despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas no incurriera en abusos, ya que se convierte en una garantía de papel que no funciona en la práctica”, dice. Santiago Aguirre, director de la organización que desde hace 35 años se dedica a velar por los derechos humanos en México.
De conformidad con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los informes detallados contendrán datos tales como nombres de los agentes, circunstancias, hora, lugar de los hechos, motivos que llevaron a la decisión del uso de la fuerza, número de disparos realizados, el tipo de lesiones que causaron, el número de personas lesionadas y daños materiales causados, y el número e identidad de quienes han perdido la vida. Datos personales como los nombres de los agentes o de las personas lesionadas o fallecidas podrían ocultarse para transparentar las versiones públicas de los informes y el punto de hacerlos públicos, asegura Aguirre, es que puedan ser vistos por peritos civiles ajenos a la Armada. Fuerzas mismas. para revisar sus acciones. “Es difícil hacer una evaluación en términos absolutos mientras prevalezca la opacidad”, afirmó en una entrevista con este diario.
Con la información encontrada hasta el momento, es difícil hacer un seguimiento de la cantidad de personas que han muerto por el uso excesivo de la fuerza en el país. Según lo publicado por Centro ProDH en un informe publicado en 2021 titulado Poder militarla Guardia Nacional se había limitado a dar a conocer que había asesinado a 89 personas en 161 hechos entre 2019 y 2021. “Agresores” es la palabra que utilizó la corporación al responder a los pedidos de información de la organización.
Por otro lado, en distintas conferencias, que el Gobierno de México realiza de lunes a viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer una gráfica de la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Según la más actualizada, presentada el pasado jueves, la cifra de civiles muertos en hechos en los que participan corporaciones de seguridad es de 43 personas. Sin embargo, esta gráfica no tiene en cuenta a los presuntos agresores, quienes según un documento de la Sedena en los correos electrónicos filtrados por la organización Guacamaya en septiembre de 2022, al 29 de agosto de ese año habían muerto 739 agresores en hechos donde intervinieron militares. “Lo que creemos en el Pro es que después de hechos como el de Nuevo Laredo y otros así, tenemos que preguntarnos cuántos pueden estar vinculados a ejecuciones extrajudiciales”, dice Aguirre.
En su camino a la presidencia de México, López Obrador se mostró crítico con las ejecuciones arbitrarias. El 5 de febrero de 2017, durante un mitin en Tlatlaya, Estado de México para promocionar a la entonces precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, el tabasqueño aseguró que las ejecuciones extrajudiciales eran una referencia a la corrupción y al declive de la el país. El reproche en ese pequeño municipio del sur del Estado de México tenía toda la intención de recordar que tres años antes, 18 jóvenes habían sido ejecutados extrajudicialmente por elementos del Ejército en una bodega de ese mismo lugar. Ahora el presidente mexicano asegura que este tipo de asesinatos ha terminado.
El director del Centro ProDH reconoce que es relevante que como Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, López Obrador diga expresamente que las ejecuciones extrajudiciales no son aceptables. “Sin embargo, si estas declaraciones no van acompañadas de acciones más decididas en el campo de la justicia con los fiscales, y si no van acompañadas de cambios, menos, digamos, declarativos y más estructurales en las Fuerzas Armadas, que incluyen el fortalecimiento de los controles internos y externos y generan contrapesos civiles, ya que son declaraciones que pueden revertirse en cualquier momento”, afirmó.
También señala que, aunque no es posible decirlo con certeza por la escasez de información, la organización comienza a percibir un aumento en los casos de abuso militar en comparación con el inicio del sexenio de López Obrador. “Con base en lo empíricamente conocido, escuchado y documentado por un centro como el nuestro de contrapartes locales, se empieza a ver un incremento en los casos de abusos militares y denuncias, a diferencia de lo ocurrido al inicio del sexenio , donde hubo un descenso relativo. En ese sentido, el abogado afirma que no se puede dar por cierto que las autoridades federales digan que ya no se violan los derechos humanos en el país.
El 26 de febrero, militares atacaron a un grupo de jóvenes que regresaban a sus casas luego de ir a la discoteca en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cinco de ellos murieron. Pero el caso fue publicitado en medios nacionales cuando los militares atacaron a los familiares y vecinos de los jóvenes, horas después, cuando intentaban remolcar el vehículo baleado. Según Santiago Aguirre, este no es el primer caso como este en Tamaulipas durante la administración de López Obrador. “Últimamente ha habido muchas denuncias en Tamaulipas. Yo sí creo que algo está pasando ahí y que hay que investigarlo. En la experiencia que se ha ido acumulando en estos 15 años de mucha violencia en México, es que un comandante que explícita o implícitamente esté dando órdenes de ejercer la fuerza más allá de lo que establece la ley puede afectar esto. O se ha documentado que en ocasiones puede ser que los comandantes estén haciendo el trabajo sucio a alguno de los cárteles que luchan por la plaza, o que haya grupos criminales especialmente proclives a atacar a las propias autoridades. Todas estas hipótesis son las que explican cómo este tipo de eventos aumentan en algunos estados”, señaló.
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