Las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo están aumentando. La tarde del martes, la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó a un magistrado de Tamaulipas de favorecer a grupos criminales de la frontera norte del país y pidió su juicio político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respondió este miércoles con un largo comunicado en el que rechaza las acusaciones y acusa el mal trabajo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR). ). “La solicitud de impeachment no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno de turno para controlar o perseguir al poder judicial”, concluye el documento, “esto constituye un ataque a la garantía de la independencia del poder judicial”.
Casi sin explicar los motivos de la acusación, el Gobierno arremetió contra el magistrado Crescencio Contreras Martínez, en un comunicado en el que informó que había presentado ante la Cámara de Diputados información sobre “varios casos de alto impacto” en los que el juez resolvió . “Destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculados con el reciente secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, así como otros hechos vinculados al crimen organizado como el tráfico de fentanilo, tenencia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y corrupción ” , él dijo.
En una respuesta de siete páginas, los magistrados precisaron que “la información manejada por la Segob es inexacta”. El cargo que tuvo que resolver el juez no involucraba fentanilo ni tenía nada que ver con migrantes. El colegio de jueces explicó que el caso se inició con una solicitud de allanamiento de tres viviendas. En uno de ellos se encontraron dos armas largas y cocaína. También encontraron la licencia de conducir de la persona que investigaban. El juez acordó entonces dictar la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 20 de enero. Durante la audiencia, la FGR solicitó vinculación en un proceso de delincuencia organizada por presunto narcotráfico y tenencia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La defensa del imputado logró demostrar que la identificación encontrada en el inmueble era apócrifa, destruyendo la única prueba que tenía el Fiscal para conectar al interno con lo que había encontrado en la casa. El juez, leemos en el comunicado de prensa, dictó la orden de no intervenir en el juicio por insuficiencia de pruebas. La Fiscalía, se lee en el comunicado, “no ha recabado pruebas que sustenten su afirmación”. Tampoco pudo probar el crimen organizado. “Eludió su deber de investigar cuando se le comunicaron los hechos en marzo de 2023, sin haber realizado ninguna nueva investigación hasta la fecha”. Y añade: “Ni siquiera hemos superado el bajo nivel según el cual la representación social cuenta para conectar a una persona con el proceso”. Finalmente, acusa a la FGR de haber violado los derechos del reo a un juicio justo y a una defensa adecuada, impidiéndole acceder al expediente de investigación y manteniéndolo incomunicado de su abogado.
La solicitud de juicio político de Contreras Martínez fue el último paso en el avance del gobierno federal contra el poder judicial. La ministra del Interior, Luisa Alcalde, explicó en sus redes sociales que presentaron la denuncia contra Contreras “por instrucciones del presidente”. El comunicado gubernamental luego precisa: “Cabe señalar que hubo, por parte del juez federal, una falta de apego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”. Así lo niega el colegio de jueces, que afirma que el magistrado actuó “única y exclusivamente sobre la base de las pruebas” y que lo hizo “sin tener en cuenta criterios políticos ni presiones externas”.
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