La cruzada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para frenar el uso de maíz transgénico en la dieta de los mexicanos libra una nueva batalla. El gobierno federal se prepara para emitir modificaciones a la norma oficial de tortillas para vetar el uso de granos genéticamente modificados en este alimento. “En la elaboración de los productos sujetos a esta Norma Oficial Mexicana, deberá abstenerse el uso de maíz genéticamente modificado como materia prima”, se lee en el proyecto de norma de la Secretaría de Salud que actualmente se encuentra en consulta y que se espera sea publicado en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.
Aunque el proyecto de norma oficial mexicana aún se encuentra en periodo de consulta y puede cambiar su redacción, la iniciativa ya ha generado críticas por parte de Estados Unidos y Canadá. Los socios de México en el TMEC advierten que el veto del gobierno mexicano no tiene fundamentos científicos y puede poner en riesgo el comercio internacional. Además, aseguran que falta precisión sobre los alcances de esta nueva prohibición, así como que México no les notificó en tiempo y forma sobre el proyecto de reglamento.
El Gobierno Mexicano argumenta en el proyecto de reforma que la regulación actual ha sido superada por las condiciones del mercado, que se comercializan productos que no cuentan con las especificaciones que cumplen con la denominación que ostentan y en consecuencia se presentan en el mercado productos no homogéneos, tanto en especificaciones como en precios. Por otro lado, advierte el Ministerio de Salud, los consumidores no cuentan con información importante para realizar una compra adecuada. Esta nueva normativa, sin embargo, deriva de un proyecto que estaba en consulta pública desde 2021, pero que no incluía la polémica prohibición del uso de maíz transgénico en la elaboración de tortillas.
Canadá ha enfatizado que la prohibición en la que se basa esta NOM aún no cuenta con sustento científico y, por el contrario, defiende el uso de la biotecnología para garantizar la inocuidad de los alimentos y aumentar la productividad agrícola. “Las preocupaciones de Canadá relacionadas con la prohibición de México del maíz genéticamente modificado para su uso como materia prima se relacionan con el hecho de que las medidas de México no están respaldadas científicamente y tienen el potencial de interrumpir innecesariamente el comercio de América del Norte”, dijo el gobierno canadiense por escrito.
En el comentario enviado al gobierno de México este miércoles, Canadá también advierte que existen ambigüedades en la nueva NOM-187: no especifica si aplicará a productos fuera del sector tortillero, por ejemplo, cereales elaborados con maíz o si la referencia a harina en el texto solo se refiere a harina de maíz o harina de trigo u otros granos. “Canadá solicita respetuosamente que México reconsidere su propuesta de modificaciones a la NOM-187-SSA1/SE-2023 para permitir que se lleve a cabo el protocolo de notificación correspondiente a los socios comerciales; permitir el período estándar de comentarios de 60 días; y permitir consultas entre funcionarios canadienses y mexicanos que sustenten el compromiso técnico para entender cabalmente las implicaciones de estas medidas”, concluye la Secretaría de Acceso a
Las preocupaciones del gobierno canadiense se suman a las que también expresó EE.UU. esta semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) solicitó a México postergar estas modificaciones, luego de considerar que el proyecto presenta irregularidades técnicas y violaciones al TMEC. “El artículo 7.1.1 establece que ya no se permite el uso de maíz genéticamente modificado como materia prima. A Estados Unidos le preocupa que esta medida no tenga base científica y amenace con perturbar el comercio”, menciona. Agregó que el T-MEC obliga a México a utilizar este mecanismo de notificación de medidas sanitarias o fitosanitarias que puedan afectar el comercio internacional.
Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, señala que aún falta precisar los alcances de la iniciativa y sus distinciones para evitar confusiones con otras normas. “La norma está muy incompleta, tiene muchas deficiencias. Nosotros, las tortillerías, no importamos maíz. El presidente debería poner atención, si de verdad quiere poner atención al tema de la salud, a los comercializadores de maíz, que son los que introducen el grano al país”, zanja.
El representante del gremio advierte que si el Gobierno realmente quiere dejar de usar este ingrediente en las tortillas, debe verificar y hacer pruebas de laboratorio en los más de 130,000 puntos de venta que operan en el país, asumiendo el costo, porque si ese costo se traslada a las tortillerías, los precios del kilo de tortilla, que actualmente oscilan entre 22 y 27 pesos el kilo, de repente se encarecerán, según su diagnóstico.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explica que los productores, recolectores y tortillerías no cuentan con personal capacitado, ni acceso a laboratorios o equipos especializados para determinar si el maíz que producen, almacenan, utilizan y procesan está libre de organismos genéticamente modificados, “Esta norma generará costos adicionales a la cadena de maíz, harina y masa para la elaboración de tortillas. Para las tortillerías tradicionales se requerirá un programa de modernización y el gobierno federal y local tendrá que crear un organismo certificador y auditor del cumplimiento de la norma”, comenta.
La nueva NOM, que regulará el procesamiento de un alimento crucial para la dieta de los mexicanos, se mantiene en línea con el decreto que emitió el presidente López Obrador desde diciembre de 2020, donde se prohibía el uso de glifosato y maíz transgénico para consumo humano. Ante la polémica que generó el veto categórico en ese momento, el gobierno mexicano dio marcha atrás meses después y permitió que se siguiera utilizando el grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación animal y en procesos industriales para el consumo humano, además, otorgó un plazo mayor para eliminar el glifosato como herbicida.
Las concesiones del gobierno de López Obrador no fueron suficientes en ese momento para EE.UU. o Canadá, quienes, al amparo del TMEC, iniciaron el proceso de consulta por posibles violaciones comerciales. En este momento, están en curso una serie de consultas entre los tres países para discutir los desacuerdos que este decreto ha causado en los gobiernos de Canadá y Estados Unidos con miras a llegar a una solución. Sin embargo, si las partes interesadas consideran que no hay un progreso significativo en estas consultas, tienen la opción de elevar el problema a un panel de resolución de disputas.
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