Contado como ella lo cuenta, el camino de Margarita Reyes parece lógico, lineal, inevitable. Pero esa percepción desaparece cuando la mujer detiene su relato y detalla algún aspecto concreto de la cadena de errores, descuidos, negligencias -o una mezcla de todas las anteriores- que la han hecho sufrir durante los últimos cinco años y medio. En 2017, su hija Claudia desapareció en el norte de Veracruz. Ella fue secuestrada. La Fiscalía del Estado encontró sus restos meses después y en enero de 2018 fueron entregados. Pero hace un par de semanas, la mujer, que desconfiaba de su parto, confirmó sus peores temores: los huesos que le dieron eran una mezcla de los de su hija y los de otra persona.
“¿A quién he llorado estos años?” Reyes exclama por teléfono desde Veracruz, una voz encallecida, salpicada de entonaciones irónicas, todo dedicado al accionar de la Fiscalía del Estado, primero durante los años del gobernador Miguel Ángel Yunes, del PAN, y luego con su sucesor, Cuitláhuac García, de Morena. “Ahora supuestamente el fiscal regional presentó una solicitud para exhumar los restos. Pero no queremos que se los quiten y ya está. También queremos ver de quién es el otro fémur”, dice la mujer de 52 años.
Todo en la historia de Margarita y Claudia Reyes gira en torno a tres fémures, los dos que enterró Margarita y uno más que ella misma encontró, años después, en el mismo lugar donde los investigadores hallaron los primeros. Desde que fueron entregados, la mujer sospechó que había algo extraño en los restos. “Me dieron su cráneo, dos fémures, unas costillas, partes de su cabello”, dice la mujer, “yo hice mis preguntas, porque no entendía por qué no estaban sus cosas, su ropa, solo me mostraron una sudadera que no le pertenecía. Y los pantalones, sí.
Las preguntas que hacía Margarita parecían pelotas de béisbol que el fiscal a cargo de su caso, David Castañeda, golpeaba sin mayor problema. Reyes sintió que sus dudas eran un lujo en el que los investigadores se tomaron una gran cantidad de tiempo. “Les dije que no estaba desnuda cuando se la llevaron, estaba cargando sus cosas, su cartera, su maquillaje, credenciales, billetera”, dice la mujer. Pero dijeron, con toda la naturalidad del mundo, que los animales se lo habían llevado de todos modos. Como si un ratón de campo tuviera algún interés en una tarjeta de crédito.
Las dudas de Margarita Reyes hicieron su búsqueda. En ese momento, a finales de 2017 y principios de 2018, familias enteras del norte de Veracruz comenzaron a organizarse, desesperadas por la desaparición de sus seres queridos. Elba Gutiérrez, compañera de Reyes y también parte del grupo de familiares de desaparecidos de Poza Rica, Coatzintla y otros municipios de la zona, explica que desde el 2015 a la fecha han desaparecido entre 400 y 500 personas en la región. “Eso de lo que hay denuncia, porque después muchas familias no lo denunciaron por miedo”, dice Gutiérrez.
Era un problema que persiste hoy, en Veracruz y el resto del país. Desde los primeros operativos de la guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006, México tiene más de 92.000 desaparecidos. El país vive una situación de violencia generalizada que ha dejado también decenas de miles de personas asesinadas, muchas otras desplazadas… En este contexto, la respuesta institucional ha sido insuficiente, por falta de capacidades humanas y logísticas. A veces también por corrupción. Las autoridades han carecido durante años de una base de datos fiable de personas desaparecidas, bancos compartidos de muestras de ADN, panteones especializados para restos no identificados… El caso Reyes es una muestra del naufragio estatal.
descuido
Desde que le entregaron los supuestos restos de su hija, Reyes quiso regresar al lugar donde los había encontrado la Fiscalía. Su intención era ver si encontraba algo más. Pero la burocracia de la dependencia impidió cualquier búsqueda relacionada con su caso, a su juicio resuelto, con un esqueleto enterrado y jeans como prueba añadida. Reyes y Elba Gutiérrez tuvieron una idea. Con base en el expediente de otra compañera, el colectivo solicitaría un allanamiento del lugar, un cerro al lado de la carretera Bicentenario, entre Poza Rica y Coatzintla. Al final se lo concedieron.
En el medio, la mujer bregaba con la Fiscalía por la investigación de los presuntos responsables de la desaparición y asesinato de su hija. La negligencia del fiscal Castañeda y sus compañeros enfermó a la mujer, quien insistió en que se hiciera justicia. La ingeniera química, Claudia Reyes, de 27 años, había desaparecido en circunstancias un tanto extrañas. La mañana del 4 de abril de 2017, la joven había tomado un taxi que la llevaría al centro de Poza Rica, camino al trabajo. Pero ella nunca vino. Algo pasó en el camino. Usando el teléfono de la niña, sus captores exigieron un rescate a su madre, que pagó esa misma noche. Le prometieron que Claudia volvería en un rato, pero no volvió.
Margarita Reyes denunció el secuestro a la mañana siguiente. Pasaron unos meses y aunque preguntó, le dijeron que no había novedades. Ella proporcionó datos. Explicó que los captores la habían hecho pagar un rescate, detalló cómo había ido a dejar el dinero al lugar que le habían indicado, la falda del mismo cerro donde la Fiscalía encontró después los restos de su hija (y de alguien más). Ella insistió e insistió, hasta que en noviembre le dijeron que habían encontrado un esqueleto que posiblemente pertenecía a Claudia. En enero fue entregada.
“Entonces les dije a qué jugar ahora, cómo seguimos”, explica la mujer. “Pero el fiscal me dijo que había que sumar más casos a esta persona”, dice, refiriéndose al único detenido que entonces estaba relacionado con el caso de Claudia. Este asunto enfurece especialmente a Reyes. La detenida, conductora del taxi en el que subió Claudia antes de desaparecer, estaba en prisión por un caso diferente al de su hija. Los fiscales argumentaron que, con el otro caso solo, la mujer iba a recibir una sentencia de 30 años. ¿Por qué agregar su acusación por la desaparición y muerte de Claudia?
El 14 de octubre de 2020, años después de enterrar los supuestos huesos de Claudia, Margarita Reyes, Elba Gutiérrez y otros integrantes del colectivo, llegaron por fin al cerro de sus horrores. Reyes conocía perfectamente el lugar, no sólo porque sabía que allí habían aparecido los restos que había enterrado, sino porque era un lugar que apenas distaba 500 metros de su entonces casa. “Lo primero que encontramos fue una bolsa con sus pertenencias, su credencial… Y un fémur. ¡Estaba al aire libre! Y la bolsa estaba debajo de un árbol. Pero de donde encontramos esto, hasta donde la Fiscalía hizo el peritaje, no había ni tres metros”, critica la mujer.
Reyes subió ese día imágenes de los restos que la Fiscalía le había entregado años atrás. En vista del fémur recién encontrado, la propia mujer tomó las fotografías. Un perito de la Comisión Estatal de Búsqueda que los acompañaba vio los huesos de las fotos y el que acababa de aparecer en el piso. El especialista no tuvo dudas de que uno de los dos que aparecían en las imágenes no se parecía en nada al otro. Y sabía, en cambio, que el que habían encontrado al aire libre se parecía bastante al otro de las fotografías.
Reyes y los demás luego se apresuraron a que los peritos de la Fiscalía analizaran el nuevo fémur. Pero, increíblemente, les dijeron que había mucho trabajo, que no podían. Llevaron dos años así, insistieron, la Fiscalía dando largas. Hasta que al final, en una reunión el 22 de diciembre, las mujeres se pusieron de pie. Amenazaron con tomar la dirección de los servicios periciales del Estado si no analizaban de una vez por todas el tercer fémur. Los expertos lo hicieron. Y resultó que el hueso que había aparecido en el cerro, a la intemperie, tantos años después, era en realidad el de Claudia Reyes. Lo que significaba que uno de los dos que su madre había enterrado era en realidad de otra persona.
“Lo que no sabemos es quién va a absorber el costo de este horror”, dice Reyes. Se refiere a la exhumación de los huesos de su hija (y la de otra persona). Tampoco saben qué planes tiene la Abogacía del Estado para enmendar su error. EL PAÍS ha intentado contactar con el portavoz de la agencia, mediante mensaje y llamada, pero no ha obtenido respuesta. “Ah, y todavía tenemos que buscar en el resto del cerro, porque no hemos visto casi nada”, dice la mujer. “Ese día buscamos con mucha cautela, porque abajo hay gasoductos o oleoductos. Hace años hubo una explosión… Nos jugamos la vida. Y aun sabiendo eso, vamos a picotear, pala y manos. Porque no hay de otra, con toda precaución. Con la esperanza de que aparezca otra chica”, zanja.
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