El grupo parlamentario de Morena presentó un pedido de juicio político contra cuatro ministros de la Corte Suprema: Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Este es un nuevo capítulo en el choque entre el bloque gobernante y el poder judicial. La bancada parlamentaria del partido de Andrés Manuel López Obrador argumentó que los magistrados cometieron graves violaciones a la Constitución al no adherirse a los principios de austeridad republicana y cobrar un salario superior al del presidente. La solicitud, presentada esta semana a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tiene pocas posibilidades de concretarse porque Morena no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobarla.
El principio de “austeridad republicana” que impulsa López Obrador está en el centro de la demanda, según explicaron diputados de Morena en rueda de prensa. “Aquí en la Legislatura también nos atamos el cinturón y no han querido hacer esto”, dijo el legislador Alejandro Robles. Pero en el contexto hay una estrategia de desgaste del Ejecutivo y la mayoría morenista en el Congreso contra los ministros de la Corte Suprema, que han frenado varios temas prioritarios para el oficialismo, como la reforma electoral del presidente, el llamado “Plan B”.
El presidente no ha desaprovechado ninguna oportunidad para señalar a los ministros por su “conservadurismo”, porque “defienden a delincuentes de cuello blanco” o por sus “onerosos” salarios. Los miembros de la Corte también han sido objeto de protestas por parte de partidarios del gobierno, incluida la quema de una muñeca de la presidenta de la alta corte, Norma Piña, durante una manifestación. “Vamos a estar insistiendo”, advirtió Robles. “Presentamos esta demanda de juicio político porque no es un capricho presidencial, sino una definición de la voluntad del pueblo de México, de dar esa voz que no han querido escuchar los ministros y ministras que han decidido protegerse”, dijo la diputada de Morena. La violación, en este caso, sería del artículo 127, que regula las cuestiones laborales y las percepciones salariales que puedan tener los servidores públicos por su labor. Los legisladores también acusaron que los miembros de la corte se extralimitaron e invadieron las facultades legislativas del Congreso.
El juicio político sólo puede promoverse “por violaciones graves a la Constitución y las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos federales”, de conformidad con el artículo 110 de la carta magna. Las penas previstas son la destitución e inhabilitación de los servidores públicos, es decir, se les separa de sus cargos y se les impide ocupar otros cargos. El procedimiento prevé que la Cámara de Diputados se constituya en una suerte de “parte acusadora” que inicie el proceso ante la Cámara de Senadores.
El artículo 110, sin embargo, establece que para que proceda el juicio político se necesita “la declaración de la mayoría absoluta de los miembros presentes” y luego, suponiendo que pudiera superarse este obstáculo y planificarse todo el proceso, se requeriría que las dos terceras partes de los senadores se pronunciaran a favor de la remoción. Morena no cuenta con una mayoría calificada de dos tercios en la Cámara Alta, que cumple el papel de “jurado” si se aprueba el juicio. Tampoco tiene los votos que necesita entre el grupo que va a revisar la solicitud. Los analistas consultados lo ven como un golpe de efecto.
No es sólo una cuestión de procedimiento. El exministro José Ramón Cossío señaló que la solicitud también es improcedente por razones de fondo. La Ley Federal de Responsabilidades establece que “el juicio político no procede por la mera expresión de ideas” y que “el ataque a las instituciones democráticas” va en contra del interés público. Ante amenazas previas de juicio político, los diputados opositores han adelantado que no votarían a favor. Anuncios previos de solicitudes de juicio político, algunos emanados de legisladores opositores, tampoco han prosperado. “No vamos a procesar una cruda venganza política”, dijo el diputado del Partido Acción Nacional Felipe Fernando Macías. “No tiene sentido discutir con ellos”, comentó, por su parte, Margarita Zavala, su compañera de banquillo y ex candidata a la presidencia.
A fines de junio, la Corte publicó una carta explicando por qué no iba a estar sujeto a que los ministros ganen menos que el presidente. “Las percepciones recibidas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por actos de otros poderes”, se lee en el escrito. López Obrador dijo en respuesta que va a presentar una iniciativa para reformar el poder judicial antes de dejar el gobierno a fines del próximo año. El presidente de la Cámara Baja, el morenista Alejandro Armenta, también instó esta semana a los ministros a reducir sus sueldos y donar la mitad de su salario. Los cuatro ministros denunciados han votado en contra de varios temas que son prioritarios para el presidente. La última polémica se da en plena efervescencia política, en medio de los procesos internos de la coalición oficialista y la alianza opositora Va por México para definir sus candidatos presidenciales en las elecciones de 2024.
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