La polémica por el espionaje a civiles por parte del gobierno ha vuelto a México. El Ejército usó el software Pegasus espía para recabar información sobre el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ramos investigaba las supuestas ejecuciones realizadas por militares en el municipio de Tamaulipas en 2020. El uso de malware fue utilizado con el conocimiento del Secretario de Defensa [Sedena], Luis Cresencio Sandoval. En este episodio de Hablando con Warkentin…la periodista Gabriela Warkentin habla con el propio Ramos y con Luis Fernando García, director de R3D, la red en defensa de los Derechos Digitales, para analizar la polémica en esta trama.
La discusión sobre el espionaje llegó hace unos días a Palacio Nacional. El periodista de Animal Político Nayeli Roldán le preguntó al presidente sobre el tema del espionaje: por qué espían, quién espía, si estaban al tanto… La respuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue tan concisa como polémica. “Nosotros no espiamos. Son trabajos de inteligencia. No hay ilegalidad”, afirmó. Posteriormente cargó contra los medios criticando que “siempre” está en su contra.
El Comité ha documentado con precisión los abusos cometidos por militares contra la población civil. Como el pasado 26 de febrero, cuando dieron la voz de alarma sobre el asesinato a manos de militares de cinco jóvenes en Nuevo Laredo cuando regresaban a un apartamento después de una noche de fiesta. “Dispararon a matar”, considera el presidente del Comité.
Por su parte, el R3D viene documentando la contratación y uso de Pegasus y otras herramientas de espionaje. García asegura que México fue el primer cliente internacional en usar malware israelí a través de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2010 y 2011. Entre esos años, la red demostró que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) sabía cómo y para qué se usaba el programa para antes de comprarlo. En el siguiente sexenio, con Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno (2012-2018), la Fiscalía General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional continuaron utilizando el sistema de espionaje. En el Ejecutivo actual, con López Obrador en la presidencia, ha vuelto la discusión. “Aunque el presidente ha ofrecido que [los contratos] sean transparentes, primero mintieron [desde la Sedena] decir que la información no existía; luego admitieron que los contratos sí existían y, cuando el Inai [Instituto Nacional de Transparencia] Les pidió que se los entregaran, se han reservado la información”, resume García.
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