(CNN Español) — El senador republicano Lindsey Graham desató la polémica esta semana al sugerir, tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, que militares de su país intervengan en México para combatir a los cárteles de la droga, a los que quiere catalogar como organizaciones terroristas. ¿Puede Estados Unidos hacer eso?
Aunque las autoridades no han nombrado públicamente a ningún sospechoso en el secuestro en el que murieron dos de los cuatro estadounidenses, el Cartel del Golfo, que se cree que es responsable del incidente, emitió una carta de disculpa el jueves y el grupo entregó cinco de sus miembros a las autoridades locales, según imágenes que circulan en línea y una versión de la carta obtenida por CNN de un funcionario familiarizado con la investigación en curso.
(CNN no puede confirmar la autenticidad de las fotos y ha pedido comentarios a las autoridades estadounidenses y mexicanas).
Con el accionar de los cárteles y la crisis del fentanilo como telón de fondo, Graham, de Carolina del Sur, abogó por la designación de estas organizaciones como terroristas (decisión que no depende del Congreso, sino del Poder Ejecutivo) y porque autorizan a EE.UU. militares “para tratar con organizaciones terroristas extranjeras como esta”. “Ojalá podamos hacerlo junto con otros países donde los haya, pero si tenemos que hacerlo solos, lo haremos”, dijo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó categóricamente la respuesta en conferencia de prensa. “No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga y mucho menos que las fuerzas armadas de un gobierno extranjero intervengan en nuestro territorio”, dijo el mandatario mexicano.
¿Que dice la ley?
Artiuro Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, descartó rotundamente la propuesta del senador republicano, que dijo contraviene las reglas y tampoco sería eficiente.
“Lo que no es grave es la idea de que Estados Unidos actúa unilateralmente en México, porque de entrada va en contra del derecho internacional y del paradigma de la responsabilidad compartida que debe ser la columna vertebral de nuestro accionar diplomático. Es absurdo en principio, es contraproducente”, dijo en una entrevista con CNN en español.
Pero además, afirmó, un plan de este tipo “no va a mover la aguja de manera significativa”. “Por eso la propia Casa Blanca ya ha dicho que no pretende designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, porque no sumará mucho a lo que ya se está haciendo”, dijo. El verdadero cambio sería, a su juicio, que se fortalezca la “capacidad real de México para enfrentar a estos grupos criminales”.
“Eso es lo que va a impactar, no la militarización ni el uso de instrumentos militares para combatir a grupos que son todo menos grupos terroristas, por mucho que recurran a la violencia para intimidar”, agregó.
Gerónimo Gutiérrez, otro de los exembajadores de México en Estados Unidos, también se opuso. “Hay mucho por hacer, pero esta no es la herramienta correcta para atender los problemas que tienen en común Estados Unidos y México en materia de seguridad. Hay otras que desde mi punto de vista son más efectivas y aparte de ser políticamente viable”, dijo en una entrevista con CNN en Español.
Opinó que en momentos de tensión “lo que se suele favorecer son posiciones extremas, ya sea del lado de México o de Estados Unidos, y eso no ayuda a ninguno de los dos países”.
Ambos enfatizaron los usos políticos de la crisis de las drogas. Al respecto, Sarukhán dijo que aunque el tema del fentanilo lleva meses “subiendo de perfil”, con mayores exigencias al gobierno de Estados Unidos que al de México, en este momento se ha creado una “tormenta perfecta” de tres factores. “Primero porque hay un grupo de republicanos en la Cámara y el Senado que se han dado cuenta de que con esto, por un lado, pueden acorralar al presidente (Joe) Biden por ser débil en materia de seguridad nacional en la frontera con México”, dijo. explicado. En segundo lugar, esto les puede generar ingresos camino a las elecciones de 2024 y, en tercer lugar, el hecho de que autoridades de la DEA y la fiscalía hayan subrayado en comparecencias en el Congreso que “consideran que México no está trabajando con Estados Unidos en la manera en que debería estar haciendo para enfrentar la epidemia de abuso de opiáceos, incluido el fentanilo en los Estados Unidos”.
