Tragedia repetida. A un año del derrumbe de una mina que mató a 10 mineros en Sabinas, Coahuila, dos hombres fallecieron al descender a una carbonera en el ejido El Mezquite, en el mismo municipio, la tarde de este martes. El cable de acero que sujetaba el precario ascensor se rompió y los trabajadores cayeron al fondo del pozo, a 70 metros bajo tierra. Las autoridades ya rescataron los cuerpos de José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29. Un tercer trabajador, Luis Alberto Cortez Robles, fue rescatado con vida y trasladado al hospital, según las autoridades.
“Esto es consecuencia de no prohibir las fosas y cuevas que son trampas mortales”, criticó Familia Pasta de Conchos, la única organización de apoyo a los mineros de la zona carbonífera, surgida tras uno de los derrumbes más grandes de su historia, en la que 65 trabajadores fallecido. “Es urgente tomar medidas de no repetición para que dejen de sacrificarnos”, agregó el grupo.
La nueva tragedia tampoco es una sorpresa para los vecinos de Sabinas tras el accidente del año pasado. El 3 de agosto de 2022, una inundación provocó el derrumbe del pozo en el que quedaron atrapados 10 mineros, a pocos kilómetros del accidente del martes. Los cuerpos de los trabajadores aún no han sido recuperados. La región carbonífera de Coahuila está acostumbrada al luto por los muertos en la mina. Según los registros que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón a finales del siglo XIX, aquí han muerto en accidentes más de 3.100 mineros.
Lamentamos mucho el fallecimiento de José Guadalupe Esparza Pérez y Juan Jesús Zapata Alfaro y confiamos en que los dos mineros que se encuentran atrapados con vida sean rescatados a la brevedad. pic.twitter.com/bSwPdVDiNj
– PastadeConchos (@PASTADECONCHOS) 18 de julio de 2023
El pozo El Mezquite era ilegal, según Familia Pasta de Conchos. Según el grupo, integrado también por expertos en la materia, la empresa que explotaba la mina, Minera Fuga, tenía un contrato por 113.462.337,60 pesos para la venta de 81.000 toneladas de carbón: “Este título minero no está registrado en la Semarnat. [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] en las microrregiones que han autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo tanto, si es cierto que en esta administración no se han otorgado MIA, este centro minero estaba operando ilegalmente y, por lo tanto, no es un accidente sino un nuevo incidente”.
El concesionario, según Pasta de Conchos, es Alfonso González Garza, un empresario del carbón con un oscuro historial de accidentes y derrumbes en sus fincas, como el caso del pozo Santa María I, en el que murieron 14 mineros en una explosión, según investigación Los impunes amos del carbón de la revista Proceso. La concesión de El Mezquite fue aprobada en 2020 por el Servicio Geológico de México, que “no es la autoridad competente en materia laboral, pero sí revisó las minas para la asignación de contratos de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, ha defendido la organización de damnificados. Otras fuentes señalan a Orlando García Macías como titular.
Tensión entre familia y policía
En Sabinas, la tensión se ha afianzado en torno al pozo El Mezquite. Los familiares de las víctimas comenzaron a llegar al lugar del accidente pasadas las 13:00 horas. En videos difundidos por la prensa local, se ve como varios familiares, en un gesto de desesperación, van contra los policías que custodian el perímetro. Los agentes responden con agresividad y violencia, se pelean con los familiares de los mineros que acaban de morir.
El mismo día del siniestro, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se encontraba en Sabinas para sostener una reunión con los familiares de los 10 mineros que fallecieron en el derrumbe de agosto pasado. Todavía no se ha recuperado ninguno de los cuerpos, cuando se cumplirá un año del derrumbe. En el lugar donde estuvo el pozo Pinabete, ahora se realizan trabajos de rescate de los cadáveres desde diciembre, cuando la CFE comenzó a dinamitar en un proceso de “explosiones controladas” para llegar a los restos, que se encuentran a unos sesenta metros de distancia. profundo. Las autoridades esperan lograrlo para diciembre, aunque la operación ha sufrido varios retrasos.
La Policía ya ha detenido a dos presuntos autores del derrumbe del Pinabete, Luis Rafael García Luna Acuña y Cristian Solís Saavedra, a los que acusa de “incurrir en responsabilidad penal por haber permitido ilegalmente que en el hueco se realizaran actividades de explotación de carbón”. Pasta de Conchos asegura que la explotación fue clandestina. La empresa tenía un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Políticoel organismo público calificó la explotación como “segura” y acordó comprar todo el mineral que se extrajo de 2020 a 2024.
El incidente de El Mezquite es solo uno más en la larga lista de explosiones, derrumbes y accidentes en Coahuila. Mientras tanto, la explotación de pozos clandestinos con cero condiciones de seguridad continúa día a día en un territorio donde no existen alternativas de trabajo digno fuera de los pozos. La explicación es sencilla: el 99% del carbón que compra la CFE proviene de la región carbonífera. La agencia es la piedra angular de la reforma eléctrica del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que aspira a prescindir de las empresas privadas del sector. Unas 3.000 familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11.000 de empleos indirectos. Así lo resumió Cristina Auerbach, una de las principales expertas en minería de la región e integrante de Pasta de Conchos, en una entrevista con este diario: “Han decidido que esto es una zona de sacrificio. Van a sacrificar todo por sacar carbón, eso explica por qué no se generan otras iniciativas, por qué no hay hospitales, carreteras, buen internet. No hay infraestructura, y sin infraestructura es difícil que lleguen otras empresas”.
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