El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado este viernes el decreto que publicó a última hora de la tarde de ayer, en el que blindaba como seguridad nacional el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque. “Tenemos que proteger estas obras, porque esos insensatos, irresponsables, corruptos y también muy antipatrióticos, pueden parar las obras, como ha sido su intención”, dijo el mandatario. López Obrador publicó su nuevo acuerdo solo unas horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el anterior por considerarlo inconstitucional. Todo el episodio profundiza la crisis entre el poder ejecutivo y el judicial en México.
El jueves por la mañana, el pleno de la Corte Suprema decidió dejar sin efecto el decreto de noviembre de 2021 en el que el gobierno de López Obrador calificó todos sus proyectos prioritarios como seguridad nacional. Con los votos de ocho ministros a favor y tres en contra —Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz—, el alto tribunal dio la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que fue quien impugnó el decreto en diciembre de 2021. “Este acuerdo es inconstitucional, porque su amplitud y ambigüedad dificultan e inhiben el acceso a la información de todos los ciudadanos sobre las obras del Gobierno de México”, dijo el ministro ponente Juan Luis González Carrancá.
Según el artículo 6 de la Constitución, toda información es pública y sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Es decir, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar sobre los proyectos que entran en esa categoría.
Solo unas horas después de la decisión de la Corte Suprema, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con un solo artículo, en el que se protegieron las cinco grandes obras del Gobierno que aún no concluyen. En el decreto, el mandatario detalla por qué los proyectos son considerados de seguridad nacional: el Tren Maya por ser el proyecto de infraestructura más importante de la Administración, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum “por su ubicación geográfica “clave” para la vigilancia y control”. del espacio aéreo en la frontera sur” y el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec, porque permite la comunicación entre el Océano Pacífico y el Golfo de México y el Atlántico.
La polémica estalló tras la publicación del decretado. Algunos analistas señalaron que podría considerarse desacato, ya que significaba desconocer las decisiones de la Corte Suprema, mientras que otros argumentaron que este acuerdo era la única forma en que el presidente protegía sus obras de los amparos. Por ejemplo, algunos tramos del Tren Maya, el más delicado y complejo de la ruta, siguen estancados en procesos judiciales.
En ese sentido, López Obrador ha defendido: “Imagínese los beneficios para la gente del sureste cancelándolos solo por los caprichos de estos fifis corruptos. Entonces tomamos la decisión de decretar todas estas obras de seguridad nacional e interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer y ¿por qué nos importa? Porque los que están promoviendo las protecciones contra todas estas obras son financiados por el Gobierno de los Estados Unidos”. El presidente ha acusado a abogados y exministros de ser parte de la oficina que está detrás de “todas las protecciones”.
El presidente ha tratado de justificar que su decreto no implica que haya menos información sobre las obras: “Dicen que el presidente no quiere que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya porque hay negocio o hay corrupción. No, no somos iguales, no somos corruptos, lo que considero más importante es la honestidad, también engañan a la gente porque es gente inmoral, sin escrúpulos”. “El hecho de que una obra de estas sea reservada como de seguridad nacional o de interés público no significa que no vaya a ser denunciada”, agregó.
Ese mismo argumento esgrimieron los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz para votar en contra de invalidar el decreto de 2021. Esto incluso llevó a una discusión directa con el ministro Javier Laynez: “Me parece, y no quiero usar adjetivos, pero es algo ingenuo ignorar que las consecuencias jurídicas inmediatas de la declaración [de seguridad nacional] son dos: la confidencialidad de la información y la autorización para la adjudicación directa, porque eso es lo que dice la ley”. “Negar que la palabra seguridad nacional no tiene incidencia a efectos de transparencia y adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo en todos los sentidos. No sé si era el objetivo, ni si eso se buscaba, pero la consecuencia es esa”, concluyó.
El nuevo decreto del presidente, a diferencia de lo ocurrido con el de 2021 —ya tumbado— no puede ser impugnado por el INAI. El organismo autonómico está paralizado desde abril, ya que necesita que los tres comisarios desaparecidos sean nombrados en su pleno, que está integrado por siete. Los anteriores terminaron su mandato y desde entonces Morena bloquea nuevos nombramientos en el Senado, como parte de la estrategia del Gobierno contra el INAI, al que acusan de ser un gasto innecesario. Así, el pleno no se reúne desde hace más de un mes por no tener quórum. Y es sólo el pleno, ni siquiera el Consejo Consultivo del INAI, el que puede presentar una acción de inconstitucionalidad como la que se necesitaría para impugnar este nuevo acuerdo.
La respuesta directa de López Obrador a la Corte Suprema se ha convertido en un ejemplo más de la guerra abierta que libra el presidente con el Poder Judicial. Desde el ingreso de Norma Piña como presidenta de la SCJN, las fricciones con el Ejecutivo no han dejado de escalar. Esta última semana, el presidente se ha lanzado contra los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento se elija a través de una consulta popular.
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