No hay historia en el mundo criminal que se le resista a Sergio Villarreal, alias El Grande. El exintegrante del cártel de los Beltrán Leyva, líder del narcotráfico Villarreal, que este lunes y martes ha declarado contra Genaro García Luna en Nueva York, ha comparecido como testigo en un buen puñado de procesos desde su detención en México, en 2010. y su posterior extradición a Estados Unidos. Lo dicho en una corte de Brooklyn contra el jefe de policía del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) es solo una pequeña muestra del fuego de artillería que ha disparado a lo largo de los años.
En declaraciones a las autoridades en los últimos dos sexenios, El Grande ha señalado a generales, policías y fiscales. El Villarreal incluso ha participado en una de las patas de la investigación del caso ayotzinapa, centrada en el matrimonio Abarca Pineda, quienes supuestamente dirigieron el crimen en Iguala, al momento del ataque contra los estudiantes normalistas. Abundancia no es aquí sinónimo de probidad, al menos a juzgar por el resultado. Muchos de los casos en los que testificó El Grande terminaron sobreseídos. Muchos de los altos funcionarios a los que atacó quedaron libres.
El Grande debutó como testigo señalando a las autoridades de Morelos. Eran los últimos años del sexenio de Calderón, la Armada había asesinado en Cuernavaca, la capital del estado, a su jefe, Arturo Beltrán Leyva, líder de un clan criminal que libraba una guerra con los antiguos aliados de Sinaloa. Villarreal cayó en Puebla en septiembre de 2010 y unos meses después ya se había comprometido a colaborar con la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Su primer objetivo fue el jefe de policía del Estado de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca.
Según declaraciones de El Grande, Cabeza de Vaca colaboró durante años con los Beltrán Leyva. Villarreal llegó a decir que Cabeza de Vaca le proporcionó un helicóptero para huir, en 2008, de un operativo de las autoridades federales. Acusado por otros testigos, Cabeza de Vaca fue detenido e incluso condenado. Un juez lo condenó a 10 años de prisión por un delito de delincuencia organizada.
En ese momento, el gobierno de Calderón estaba inmerso en la Operación Limpieza, una cruzada contra las redes de protección de autoridades de todos los niveles al Cártel de Sinaloa y sus antiguos aliados, en este caso los Beltrán Leyva. Inaugurado con el famoso michoacanazoTras la detención en 2008 de una treintena de funcionarios públicos y altos funcionarios de ese Estado, la operación continuó, con detenciones en todos los niveles, ya a nivel federal, muchas veces con El Grande de por medio.
La segunda tanda de aprehensiones del operativo -y seguramente la más relevante- fue contra altos mandos del Ejército. Con base en declaraciones de delincuentes convertidos en testigos protegidos, incluido El Grande, la PGR se casó con cuatro generales, incluido Tomás Ángeles Dauahare, quien había alcanzado el grado más alto del Ejército, un general mayor, y se había desempeñado como subsecretario de la Defensa Nacional durante Los dos primeros años de Calderón. El Grande acusó a Dauahare de reunirse con líderes del Cártel de Sinaloa y con Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México.
En medio, El Grande y otros capos de la antigua alianza criminal del Pacífico señalaron a un buen puñado de agentes de la PGR, miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que García Luna había comandado hasta la llegada al gobierno de Calderón, y de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado (SIEDO). Estos fueron los casos, por ejemplo, de Francisco Gómez Meza y Roberto Sánchez Alpizar, adscritos al primero, o Noé Ramírez, Miguel Colorado y Jorge Alberto Zavala, funcionarios del segundo.
Las acusaciones de El Grande en el marco de la Operación Limpieza comparten algo: muchas quedaron en nada. La investigación contra los generales ni siquiera llegó a juicio. En el caso de los demás, aunque algunos terminaron en juicios y condenas, los tribunales terminaron exonerando a los acusados. En algunos casos, los tribunales detuvieron a algunos de los implicados en casos tangenciales a la Operación Limpieza. En todo caso, la utilización de testigos protegidos por parte de la PGR, en muchos casos colaboradores de delincuentes como El Grande, generó tal polémica que el operativo terminó siendo desalojado.
Pineda y Abarca
México extraditó a El Grande a Estados Unidos en mayo de 2012. La justicia de ese país acusó al narcotraficante de narcotráfico, asociación para delinquir y lavado de dinero. Villarreal fue recluido en una prisión de Texas. Años después, en 2014, ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la PGR volvió a buscarlo con un propósito muy diferente: el caso ayotzinapa.
En septiembre de 2014, una red de delincuentes y policías de la zona centro del Estado de Guerrero agredió a un grupo de estudiantes de la escuela normal rural Ayotzinapa en Iguala. Seis personas murieron, incluidos tres estudiantes. 43 estudiantes de la escuela normal desaparecieron durante el ataque. El escándalo obligó a dar la vuelta al gobierno, que no tardó en señalar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, como los autores intelectuales del atentado.
La PGR se reunió con El Grande en su prisión de Texas en diciembre de ese año. El Grande explicó entonces que desde principios de siglo sabía, porque Arturo Beltrán se lo había dicho, que los Pineda Villa eran las personas “que conducían las lanchas en Guerrero para recibir e introducir cocaína en territorio nacional”, esquema encabezado por uno de los hermanos de María de los Ángeles, Mario. “Los Pineda Villas podrían ubicar las posiciones de la Armada con una computadora”.
En un comunicado de varias páginas, del que EL PAÍS tiene copia, Villarreal evoca varias ocasiones en las que se habría reunido con los hermanos Pineda Villa, casi siempre en Cuernavaca. En esas reuniones, El Grande señala que Mario solía poner cajas llenas de dólares en efectivo en el vehículo de María de los Ángeles.
Esta vez, gracias al testimonio de El Grande entre otros, la PGR acusó a Pineda Villa de delincuencia organizada y lavado de dinero, por ser parte de la red criminal de la región. Su testimonio ayudó a los investigadores a reforzar el vínculo entre Pineda Villa, sus hermanos y Abarca, por un lado, y el grupo criminal Guerreros Unidos, herederos en la colonia Beltrán Leyva, quienes llevaron a cabo la desaparición de los estudiantes en Iguala y alrededores. .
Suscríbete aquí a Boletin informativo de EL PAÍS México y recibe toda la información clave de la actualidad de este país
