Miles de cajas de baterías marca Segalmex acumulan polvo en una bodega al norte de la Ciudad de México. Las baterías compradas en 2019 con fondos públicos se acercan a su fecha de vencimiento, amontonadas en un depósito de la alcaldía Gustavo A. Madero, lejos de las tiendas de abastos sociales a las que estaban destinadas. Los mismos artículos se venden al otro lado del Atlántico, en los supermercados Carrefour de la ciudad de Varsovia, en Europa del Este, según desveló EL PAÍS la semana pasada. Las piezas a ambos lados del océano retratan el lío que tuvo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) con la compra de insumos para la canasta básica de alimentos. El proveedor que vendió miles de pilas a la paraestatal asegura que no ha querido recibir la mitad del envío que ya pagó y que ha quedado abandonado en sus almacenes. Mientras que el fabricante de las baterías, una empresa polaca, ha explicado que, ante el parón en las compras a México, ha tenido que poner el producto a la venta en su país para recuperar costes de producción. Ambas empresas afirman que el desorden de la venta acabó por causarles grandes pérdidas económicas.
Segalmex decidió incluir las baterías en la canasta básica en marzo de 2019, y unos meses después acordó una primera compra de estos artículos por alrededor de 15 millones de pesos con la empresa Tempoel México SA de CV El proveedor, filial del Grupo Tempel español, Aún guarda en sus almacenes unos siete millones de pesos en pilas a punto de caducar que no ha podido entregar. Junto a estas cajas guardan otros cientos de miles de baterías que compraron para seguir abasteciendo a la paraestatal, que, según un representante, les había prometido otras cinco compras más. Esto también afectó a la empresa que fabricaba los artículos para venderlos a Tempel Group, la polaca Rocket Poland Sp. zoo Según su versión, habían sobreproducido las baterías con la esperanza de que los pedidos continuaran. Pero Segalmex paralizó la cadena de suministro por irregularidades en los documentos de compra, lo que llevó a las empresas a tener un enorme inventario de producto y miles de dólares en pérdidas.
Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, la histórica tienda para proveer de productos básicos a los más pobres, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), cambió su nombre en enero de 2019 y pasó a llamarse Segalmex. A cargo de él, el presidente nombró a un allegado, Ignacio Ovalle, cuya gestión estuvo marcada por numerosas acusaciones de corrupción. Durante los primeros tres años desde su creación, dentro de la paraestatal hubo un enorme desorden que llevó a que se gastaran cientos de millones de pesos en productos que nunca se recibían, que no se distribuían correctamente en las 25.000 tiendas que operan, o que no se pudieron vender porque no eran de interés para las comunidades y terminaron estropeándose. Los perjuicios al Fisco, en términos monetarios, ascienden a 15.000 millones de pesos.
La gerencia de Segalmex llegó a un acuerdo el 23 de septiembre de 2019 para comprar 14.8 millones de pesos sin IVA en baterías con Tempoel México. La empresa estatal pagó todos los productos, pero recibió menos de la mitad. El resto se convirtió en un punto de desacuerdo entre las partes. La empresa con sede en España asegura que ha intentado en varias ocasiones entregar el material, pero que la paraestatal mexicana no ha querido recibirlo. “Toda su mercadería está en una bodega en nuestro depósito, porque Segalmex ‘no tenía espacio’, y nos lo pidieron”, dijo un representante de la empresa. “Hemos solicitado en numerosas ocasiones que se los entreguemos, y no nos han aceptado porque pertenecen a acciones de ejecutivos anteriores”. A su vez, Seguridad Alimentaria ha justificado que no recibió el envío por incumplimiento “en las condiciones pactadas” de las entregas, y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Segalmex detuvo la recepción de materiales para algunas compras que había realizado cuando estallaron las denuncias de corrupción. En junio de 2020, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira, dejó la unidad envuelta en acusaciones. Una de las cosas de las que se le acusa es de haber forjado contratos ilegales con empresas bajo un concepto llamado “recepción legal”, figura que empujaba a Segalmex a pagar la totalidad de los acuerdos a los proveedores, pero las empresas se quedaban con los productos hasta que la institución gubernamental los resuelva. solicitar entrega. Esta práctica llevó a que los proveedores nunca terminaran de entregar el 100% de lo que se les había comprado, causando daños al erario público.
Tempel Group asegura no entender por qué Segalmex ha abandonado estos materiales en sus almacenes, pero evalúa la posibilidad de llevar el asunto ante la justicia. “Esta situación nos está generando una serie de gastos de almacenaje que aún tenemos que cobrar por la vigilancia y custodia de la mercadería. Así como posibles acciones legales por incumplimiento de los acuerdos de suministro previstos en su momento”, detalla la empresa en un correo electrónico a este diario.
Además del contrato que firmaron Tempoel México y Segalmex por los 15 millones de pesos en baterías, el proveedor asegura que habían acordado verbalmente cinco compras más, pero ni siquiera pudieron concretar la primera. Pensando que los pedidos continuarían, la compañía decidió ordenar miles de envíos de la compañía polaca que regularmente fabrica baterías para vender, Rocket Poland. Esos paquetes siguen parados en las mismas bodegas donde están las baterías que sí pagó Segalmex, según ha podido comprobar este diario. “La interrupción de este suministro nos ha causado una abarrotar de aproximadamente 150.000 dólares y que teníamos que haber suministrado al recibir un nuevo pedido, una vez entregado todo el primero”, explicó Tempel Group.
Rocket, el fabricante de baterías polaco, también se había estado preparando para más ventas futuras a instancias de Tempel Group. Había producido lo suficiente para abastecer a su cliente con los pedidos que recibía de la paraestatal mexicana. Todas esas baterías de la marca Segalmex quedaron paralizadas en Polonia, por lo que la empresa decidió sacarlas al mercado europeo para reducir pérdidas. “Rocket Poland ofrece soluciones de producción de baterías a varios clientes en todo el mundo. Uno de esos pedidos vino de Tempoel México con la posibilidad de suministrar la marca Segalmex al Gobierno”, dijo un vocero a EL PAÍS en un correo electrónico. “Con el último pedido ya en producción, recibimos información de que no se harían más entregas, incluyendo el pedido que estaba en curso. Como esto ya estaba en producción y Rocket Polonia tenía que cubrir los costos de producción, tuvimos que compensar, y esas baterías se vendieron posteriormente en Polonia”, agregó.
En un reportaje anterior, este periódico se refirió a otra empresa polaca, Maxx10Group Sp. zoo, que vendía las baterías en el mercado europeo a través de internet, pero este es solo un distribuidor de acciones. Rocket Poland ha reconocido ser el productor que suministró a Tempel Group y ha aclarado que ni Tempel ni Segalmex revendieron los artículos. “No se da el caso de que ninguna de las partes haya revendido las baterías a Rocket. Es simplemente un proyecto cancelado (esta es la información que recibimos) donde tuvimos que compensar los bienes para cubrir los costos de producción”, explicó el vocero de Rocket.
El caos que reinó a puertas cerradas en el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura generó no solo daños millonarios a las arcas públicas, sino también grandes pérdidas para las empresas que aún tienen miles de pilas con el sello del Gobierno mexicano. Tras la difusión del caso, Segalmex aseguró que en julio de 2022 había denunciado la comercialización de productos con su nombre en Europa. Mientras la investigación navega en la Fiscalía, las baterías que pertenecen a la paraestatal esperan ser despachadas antes de vencer en octubre próximo.
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