La historia no es nueva, pero sigue sucediendo. Mujeres migrantes que salen de sus países de origen con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. En el camino: miedo, hambre, violencia. Vienen de Honduras, El Salvador, Guatemala, y deben cruzar los 5.000 kilómetros desde México para llegar a la frontera norte. Ser violada es para algunos el precio del boleto. Además de la agresión, por su carácter de migrantes irregulares, no son atendidos en hospitales públicos y dependen de organizaciones para obtener anticonceptivos o algo tan básico como apoyo psicológico. La ONG Médicos Sin Fronteras identifica la violencia sexual en las rutas migratorias como uno de los grandes retos pendientes en la región. El año pasado atendieron 61 casos directos de agresión sexual y más de 3.200 por consultas de salud sexual y reproductiva.
El primer obstáculo empieza en la puerta, explica Elena Vargas, doctora nicaragüense radicada en México: “A partir de ahí abres la boca, el guardia de seguridad del centro médico escucha que eres extranjero y adiós. Rechazo total”. Quienes logran avanzar se encuentran con los encargados de los archivos, quienes deben abrir el expediente y turnarse, “muy pocos están lo suficientemente sensibilizados y capacitados para saber que los migrantes también tienen derecho a los servicios médicos”. El último escalón es el personal médico, donde a menudo reciben una atención “pobre, por decir lo menos”.
Vargas, quien se exilió de Nicaragua tras las protestas de 2018, explica que la violencia sexual se ha convertido en uno de los problemas más tangibles que afectan a las mujeres migrantes. “La atención temprana es fundamental. Lo ideal es que los casos se atiendan en las primeras 72 horas, cuando podemos prevenir el embarazo —obviamente cualquier no deseado—, y cuando también podemos dar alguna profilaxis, algún preventivo, en el caso de que el agresor fuera seropositivo”. , Explicar. Sin embargo, no siempre logran alcanzarlos antes de los tres días. En 2022, se logró en solo cinco casos. Esto se debe en parte a que las mujeres no saben a dónde acudir cuando son agredidas sexualmente. “¿Adónde van las mujeres migrantes cuando tienen algo como la gripe? Ellos saben. Pero, ¿cuándo es un tema tan sensible y estigmatizante como la violencia sexual?”. ella pregunta.
Médicos Sin Fronteras se encarga de ayudar con la parte médica, desde el acceso a las pastillas necesarias y consultas psicológicas, hasta derivarlos a centros donde puedan tener acceso a los servicios. De estos, hay muy pocos. Vargas menciona que en la Ciudad de México solo tienen una clínica pública de referencia, en la colonia Condesa, “donde tienen sus puertas abiertas para los migrantes, pero es algo muy excepcional”. Además, a menudo acompañan a los migrantes a navegar por el sistema de salud. En otros casos, recurren a trabajadoras sociales e intérpretes —para mujeres que hablan francés, portugués o criollo haitiano— para acompañar a los migrantes en el sistema de salud. “Pero ¿cuántas personas pueden tener acceso a este acompañamiento? Hay muchos migrantes. Tenemos recursos limitados, necesitamos una respuesta del Estado, no que esto quede en manos de las ONG y la sociedad civil”, señala.
El marco varía según el país. En Honduras, por ejemplo, la organización logró en diciembre después de muchos años de esfuerzos del Ministerio de Salud que permitiera ofrecer la píldora anticonceptiva de emergencia a las víctimas de violencia sexual, era el único país del continente que no la había aprobado. En El Salvador, enfrentan un sistema que criminaliza las interrupciones del embarazo, incluso las involuntarias. En Nicaragua, Médicos Sin Fronteras, al igual que la mayoría de ONG como la Cruz Roja Internacional, fueron expulsados del país por el régimen de Daniel Ortega, dejando un vacío sanitario que el sistema público de salud no puede llenar. . “En Nicaragua el aborto está prohibido en todos los casos, sin importar si es producto de violencia sexual o si el feto viene con malformaciones. Además, hay un abuso sexual rampante a las niñas, a las que se las obliga a dar a luz cuando tienen 11 o 12 años”, explica la médica nicaragüense.
La violencia sexual es solo la punta del iceberg. Un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México señala que el 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes. El miedo a ser repatriado y la desconfianza en las autoridades hacen que solo se denuncie uno de cada 10 casos, dice esta investigación de 2021. En total, Médicos Sin Fronteras atendió a 24.600 migrantes entre Honduras, Guatemala y México.
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